Por las omisiones de las autoridades laborales federales y locales, en los últimos años el país avanzó poco o nada en el combate a la tercerización del personal de las empresas, mecanismo relacionado con la evasión fiscal, denunció ayer el miembro de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS), Eduardo López Lozano.

El investigador del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) dijo que en las últimas décadas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitieron sentencias y criterios no vinculativos, respectivamente, para erradicar el outsourcing.

No obstante, cuando el SAT detecta algún caso de ese tipo denuncia y promueve una demanda. Sin embargo, prácticamente pierde todos los asuntos porque no tiene facultades para demostrar ante un tribunal la existencia o no del lazo laboral de los obreros con el patrón. Las dependencias que cuenta con esa atribución son las secretarías del Trabajo, afirmó.

Informó que en teoría la tercerización es una modalidad de provisión de mano de obra que en la realidad está tergiversada. A veces inscriben a la gente al IMSS aunque en muchas ocasiones fueron dados de alta con salarios muy bajos. No es casualidad que en el país 80 por ciento de la población ocupada que cotiza en el instituto gana no más de cuatro salarios mínimos.

Pero ése es un mal menor. Algunos establecimientos apelan al outsourcing para facturar en nombre de otros, cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no enteran o solicitar la devolución de ese gravamen cuando tampoco fue cubierto. Todas las acciones configuran un fraude.

Para atacar ese mecanismo, el país no requiere más ajustes legales sino implementar la norma y obligar a los ministerios laborales federales y estatales a cumplir con sus deberes, puntualizó López Lozano.

El outsourcing es una modalidad de contratación por medio de una unidad externa, es decir, la organización delega la responsabilidad contractual de un empleado a un tercero. Sus ventajas son el abaratamiento de costos e ingreso más eficiente de personal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que hasta 2014 en el estado 864 mil 575 obreros que se desempeñaban en los sectores secundario y terciario fueron incorporados por medio de esa vía, igual a 9.7 por ciento del total. Diez años atrás la tasa era de 4.3 por ciento.

En México operan cerca de 3 mil sociedades que prestan el servicio, de las cuales sólo 23 por ciento son legales. De 2008 a 2014 Hacienda federal descubrió 512 sociedades de esa clase con relaciones de negocio estimadas en 198 mil 92 millones de pesos, fruto de la atención a 29 mil 841 clientes. Las firmas eludieron el desembolso de 79 mil 263 millones de pesos en perjuicio de 230 mil trabajadores, de acuerdo con el SAT y la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano.

Liga El Mexicano clic aquí