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Apoyan fiscalizar a tarjetahabientes
El Siglo de Torreón
Recientemente, el SAT realizó una petición de datos a las instituciones bancarias para que le entregaran a detalle el nombre, Registro Federal de Contribuyente (RFC) y movimientos realizados en tarjetas de crédito, con el fin de iniciar actos de fiscalización.
Banco Azteca se amparó y obtuvo una suspensión de esta petición, aunque el SAT justificó que esa solicitud forma parte de sus facultades establecidas en el Código Fiscal de la Federación.
Al respecto, el IMCP argumentó que la medida es legal y solamente servirá para obtener información de presuntos evasores, lo que no implica que forzosamente se inicien actos de fiscalización.
Pedro Carreón, vicepresidente fiscal del Instituto, comentó que la medida permitirá a la autoridad documentar casos en los que haya omisión en el pago de impuestos.
Esto resulta positivo, pues una de las labores del SAT es fiscalizar a las personas que están en la informalidad y los evasores, que suelen ser muchos, dijo.
Asimismo, descartó que puedan existir abusos por parte de la autoridad con la información obtenida.
Desacata SAT ley y embarga cuenta
La administración local del SAT en Naucalpan embargó la cuenta bancaria de una empresa, pese a que el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa (TFJFA) había ordenado la suspensión del acto.
De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), esto viola la ley, por lo que ha solicitado al órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que inicie una investigación por la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos involucrados. Prodecon señaló que se trata de una empresa que enfrentó el embargo de sus cuentas bancarias debido a que tenía fincados créditos fiscales en la administración local jurídica de Naucalpan.
El empresario fue al TFJFA y obtuvo una suspensión para que le levantaran el embargo y entraran en una negociación con relación al adeudo, aunque al mismo tiempo impugnó los créditos fiscales.
Pero, pese a que le fue concedida la suspensión por un órgano jurisdiccional, la Administración Local de Naucalpan no levantó el embargo.
