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Empresarios de diversos ramos aseguran estar preocupados por la Ley de Extinción de Dominio, la de Amnistía y las modificaciones en las legislaciones fiscales, ya que permite al gobierno quitar bienes que presuntamente fueron empleados para realizar delitos.

Cabe recordar que recientemente se aprobó la Ley de Extinción de Dominio, la cual busca “debilitar al crimen organizado”, aunque expertos señalan que también es un riesgo para la sociedad civil.

Por su parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) calificó de controversial la nueva Ley de Extinción de Dominio al pretender considerar el delito de defraudación fiscal como delincuencia organizada.

El integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal del IMCP, Ricardo Martín González, advirtió que cualquier persona podría ser objeto del procedimiento de extinción de dominio, si a criterio de la autoridad considera que cometió un error en sus aspectos fiscales, al grado que se considera un delito.

Jorge Alberto Paredes Guerra, director general de Realty World, aseguró que los asesores inmobiliarios deberán de “tener mucho cuidado” en vigilar que las personas que quieran rentar una propiedad no estén vinculadas con actividades ilícitas o inclusive del sector público con trayectorias cuestionables.  

Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Asociación de Bancos de México (ABM) manifestaron su preocupación por la Ley de Extinción de Dominio, por medio de la cual las autoridades podrán incautar un bien mueble e inmueble en el que presuntamente se cometa un ilícito relacionado con delincuencia organizada, narcotráfico o corrupción.

Al respecto, el presidente del CCE, Carlos Salazar, aseguró que esta ley, así como la iniciativa sobre defraudación fiscal, son de excepción, pero podrían ser aplicadas de forma arbitraria y afectar a los mexicanos que actuaron de buena fe al hacer una operación.

En tanto, el presidente ejecutivo de la ABM, Carlos Rojo, también aseguró que se entiende y se apoya el espíritu de estas leyes, pero existe el riesgo de perder la garantía que tiene al momento de hacer préstamos. “Somos sensibles a perder nuestra garantía o fuente de pago con alguno de estos temas, pero estamos convencidos de que a través de la regulación secundaria podemos incidir para cubrir todas estas cosas que ellos podrían aportar”, señaló el directivo.

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