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El Financiero, Finanzas

Jeanette Leyva Reus

El gobierno federal mantiene su postura de modificar el procedimiento del amparo, debido a que es un recurso legal que es socorrido y ha dado grandes beneficios a unos cuantos, que ha generado abusos y distorsiones que llevan a desvíos de recursos y costos para las personas, las empresas y la autoridad.

Los Criterios de Política Económica establecen que en 2010 el gobierno no cesará en su esfuerzo de que se limite el uso de ese instrumento jurídico.

Para Mariano Calderón, especialista en derecho tributario y constitucional del despacho de Abogados Santamarina y Steta, es la práctica perniciosa de los legisladores y de las autoridades hacendarias en materia de leyes fiscales lo que ha hecho que el número de amparos en contra de estas disposiciones se hayan incrementado.

De ahí que en la discusión del paquete económico para 2010 se debe buscar proteger las garantías de los contribuyentes y el incremento de la recaudación.

Opinó que las propuestas para reformar el amparo fiscal no sólo están enfocadas a que las autoridades hacendarias se protejan contra el gran número de amparos que se han interpuesto en contra de impuestos como el Empresarial a Tasa Única (IETU) y a los Depósitos en Efectivo (IDE), y la recién modificada Ley del ISSSTE, sino también para anticiparse a los amparos que se interpondrán en contra de los cambios que se plantearon en el Congreso.

Señaló que los cambios propuestos por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) en materia de amparo fiscal violan garantías de los ciudadanos, pues impiden que en caso de ser ganado un amparo, tenga efectos restitutorios.

Por ello, ante el análisis que realiza el Senado para dictaminar la propuesta del Ejecutivo, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, consideró que debe modificarse, pues el proyecto parte de supuestos erróneos.

“El que se acuda al amparo es consecuencia de la perniciosa práctica que han tenido los legisladores y la Secretaría de Hacienda de expedir reformas y misceláneas fiscales con objeto único de elevar la recaudación, sin entrar de fondo a una reforma fiscal.

“Hay que dejar claro que el que sean declaradas inconstitucionales no responde a la voluntad de las empresas; el Poder Judicial así lo determina. No es que las empresas no quieran pagar impuestos, es porque queda demostrada su inconstitucionalidad.”

Libro beige

Según el especialista, el análisis hecho a principios de esta década por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen al “libro beige”, puede ser un buen punto de partida para modificar la Ley de Amparo en general, y no sólo el tema fiscal.

Los amparos en contra del IETU originaron el proyecto de modificar la Ley de Amparo Fiscal, “pero también, pensando mal, es de curarse en salud y protegerse frente a la necesidad imperiosa que existe de que en el próximo ejercicio fiscal se incrementen los impuestos o se creen nuevos en los próximos años”.

En el paquete económico se incluye también la propuesta de modificar el juicio de amparo agrario, ya que uno de los problemas es que después de 50 años de que se enajenó un terreno ejidal, el ejidatario o sus sucesores pueden reclamar la restitución de la tierra, argumentado algún vicio formal en la transacción o en los procedimientos agrarios.


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