Eliminar las barreras administrativas y reducir considerablemente el déficit de visibilidad y certeza de las organizaciones de sociedad civil son las propuestas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para detonar el sector filantrópico.

Lo anterior, debido a que la dependencia asegura que el régimen fiscal aplicable a los donativos con instituciones autorizadas -los cuales son deducibles de impuestos- no ha logrado detonar del todo el apoyo a dichas organizaciones.

Cifras de la dependencia indican que los límites a la deducibilidad no son el principal obstáculo a las donaciones que realizan las personas y empresas en el país.

La SHCP informó que el sector ha experimentado un importante dinamismo, pues el número de donatarias autorizadas pasó de 5,754 en el 2006 a 8,230 en septiembre del 2016, un alza de 43%, lo que no se observa con las personas o empresas; el año pasado sólo 3.7% de las personas físicas y 3.4% de las personas morales realizaron donativos.

“A pesar de los incentivos que el marco tributario ofrece al permitir las deducciones de los montos donados hasta por 7% de los ingresos del contribuyente, las donaciones de la personas o empresas son limitadas”, informó la dependencia.

En el 2015 el donativo promedio entre las personas donantes fue de 1.1% de sus ingresos y de 3.8% de las utilidades para las empresas.

La dependencia asegura que la barrera principal para la expansión de la cultura filantrópica es que existen trabas administrativas que inhiben tanto la creación de organizaciones con fines no lucrativos como aspectos específicos de su operación.

Por otro lado, la SHCP aceptó que se identificó un déficit en la visibilidad y certeza sobre el desempeño de las donatarias y sus labores entre la población, situación que también impacta en el número de donaciones.

Para mejorar la certidumbre de estas organizaciones, la SHCP propone en el Paquete Económico 2017 que una donataria que pierda el registro, y al ejercicio siguiente no lo hubiese recuperado, automáticamente se considere liquidada y deberá destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada; se pretende que sea un requisito tener un gobierno corporativo.

En busca de una mejor transparencia de estas instituciones y de que se eliminen vacíos normativos que propician abusos, se plantea que las empresas que se reincorporen al régimen publiquen en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información de los donativos recibidos y destino que se les dio durante el periodo en que estuvieron fuera del régimen.

Además, se propone un esquema de certificación que clasifique la eficacia de las acciones de las donatarias.

Olga Leticia Hervert, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), consideró que las propuestas de esta iniciativa aumentarán la carga administrativa de las donatarias autorizadas, lo que podría complicar un poco más su operación y la continuidad de sus funciones.

Sin embargo, Jesús Alvarado, socio de fiscal de Baker & McKenzie, dijo que éstas son medidas de control más estrictas, que surgen a raíz de algunos abusos que hubo en el manejo de estas organizaciones.

“Esto no necesariamente significa una carga administrativa mayor para las donatarias autorizadas, ya que lo que se establece a grandes rasgos son requisitos sobre el destino del patrimonio de la organización”, dijo.

Considera que así se asegurará de que los recursos recibidos por donaciones se destinen verdaderamente a los fines de la donataria constituida, amén de que estas medidas eran necesarias para dar certidumbre no sólo a la autoridad que las está autorizando sino también a las personas que suelen donar dinero, pues así estarán seguros de dónde se están canalizando estos montos.

Sin embargo, no todo es apretar el cinturón a las donatarias autorizadas, pues contrario a las medidas que se proponen para dar certidumbre al sector filantrópico, la SHCP planteó una lista de propuestas para eliminar las barreras administrativas.

Se propone flexibilizar el límite de ingresos provenientes de actividades distintas a las de su objeto social por los que no se causa ISR, y establecer que terceros o agentes distintos al SAT puedan acreditar de manera expedita las actividades de las donatarias.

También se pretende que los donativos a proyectos productivos sean deducibles y poner en marcha un sistema electrónico que permita la donación expedita de las mercancías de comercio exterior embargadas.

De acuerdo con Jesús Alvarado, las medidas que eliminan barreras administrativas permitirán a las donatarias ser autosustentables.

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