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El Economista. Penas por delitos fiscales generan polémica
La iniciativa de reforma sobre empresas fantasma y defraudación fiscal ha generado reacciones mixtas entre analistas e instituciones, ya que algunos lo ven como terrorismo fiscal mientras que otros aseguran que sería un buen paso para combatir este ilícito.
La iniciativa presentada por Morena plantea aumentar las penas relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales falsos, además de equiparar el delito como delincuencia organizada y que, de esta manera, quienes lo cometan sean acreedores a prisión preventiva oficiosa.
Expertos en el tema han argumentado que con esta iniciativa se podría caer en terrorismo fiscal, debido a que por simples errores de contabilidad los contribuyentes podrían ser objetivo de la autoridad y, por ende, castigados con prisión preventiva.
En este sentido, Herbert Bettinger, experto fiscal, acotó que es importante que la autoridad prevea esto y delimite bien los alcances que la reforma podría traer a los contribuyentes que sí son cumplidos.
Por su parte, la senadora del PAN Minerva Hernández indicó que es necesario analizar si existen medidas alternativas para combatir, con mayor eficacia y eficiencia, este ilícito, y que resulten menos lesivas para los contribuyentes.
Morena estima que se han emitido más de 8 millones de facturas falsas del 2014 al 2019, por alrededor de 1. 6 billones de pesos.
Por otro lado, hubo expertos que indicaron que no existe un peligro de terrorismo fiscal, y que esta iniciativa será un refuerzo a la lucha contra la evasión fiscal.
Ricardo Martín González, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), indicó hace algunos días que no ve terrorismo fiscal en la iniciativa.
“Hace 20 años que estuvo muy de moda esa definición de terrorismo fiscal, pero era por motivo de la forma en que actuaba la autoridad hacendaria a finales de los años 90. Hoy estamos hablando de imponer sanciones más agresivas para aquellos que realicen ilícitos (…) No siento que sea un terrorismo fiscal per se, sino imponer sanciones más agresivas para que seamos cuidadosos con lo que hacemos”.
