La Iniciativa Privada (IP) iniciará una nueva batalla con el Legislativo para lograr más incentivos a la inversión y generación de empleo, propuestas que quedaron “a medias” en el Paquete Económico presentado este martes por el Ejecutivo.

De entrada, el sector privado del país buscará modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en alimentos altamente calóricos, liberar la deducibilidad inmediata de las inversiones y otros apoyos a sectores competitivos como el automotriz.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), precisó que el IEPS deberá sufrir ajustes en el proceso productivo, a fin de que la industria refresquera pueda ser competitiva en cuanto a costos de producción.

Trabajaremos con los diputados, pensando no en reducir el impuesto, pero sí en redireccionar el proceso productivo que ha tenido incrementos en costos.

De acuerdo con la industria de bebidas carbonatadas, los costos de los insumos se incrementaron 8%, monto que no les permite ser acreditado y los deja fuera de competitividad en el momento de exportar. Lo que se busca en el Congreso es acreditar los costos, sin que ello represente elevar el impuesto, indicó la Coparmex.

El sindicato patronal mencionó que el trabajo empresarial en el Congreso se concentrará en consensuar con todas las fracciones parlamentarias y lograr la deducibilidad a 100% en las prestaciones sociales para detonar el empleo.

A raíz de la reforma fiscal del 2013, la cual redujo la deducibilidad a prestaciones sociales a 53 desde 100%, ha derivado en una carga a las empresas de 3% sobre el costo laboral (de crear un empleo), comentó Pedro Higuera, presidente de Asuntos Tributarios de la Coparmex.

El presidente del CCE dijo que si bien en el tema de la devolución del IVA a las empresas hay un avance, ya se trabaja con el SAT para que las empresas de outsourcing que cumplan con la legalidad (la devolución) sean reconocidas de manera inmediata y las empresas que trabajen con ellas no tengan problemas fiscales, porque eso inhibe las devoluciones.

“La verdad es que nosotros estamos contentos. Fue un trabajo arduo con la Secretaría de Hacienda (…) Hay que tener claro que no se puede ganar todo ni perder todo en una negociación”, consideró.

Por su parte, Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), adelantó que el sector industrial planteará a los legisladores reducir la tasa del ISR de 35 a 32% a personas físicas y morales y que se reconozca la inflación anual en el gravamen.

En conferencia de prensa, el director general del organismo privado, Juan Casados, abundó en que la tarifa de ISR, desde que se creó, no ha tenido actualización, y lo que se pide es que se abran más rangos y se actualice con los efectos de la inflación. “Eso nos ayuda porque va priorizar consumo interno y dar mayor capacidad económica al sector medio, en donde proponemos abrir rangos y que el legislador lo considere como detonador económico”, precisó.

Por su parte, Leonardo Brizuela, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dijo que la deducción inmediata contiene una gran limitante, ya que sólo aplicaría para empresas con ingresos inferiores a 50 millones de pesos, mientras que las organizaciones de mayor tamaño estarían fuera de dicho beneficio.

Confió en que el Congreso de la Unión trabajará para implementar algunas modificaciones a la propuesta y así se pueda tener mayor inversión de los empresarios del país.

Se esperaba un mayor estímulo

Analistas del sector privado reconocieron que Hacienda dio un “gran paso” al anunciar los siete cambios en materia fiscal para atraer la inversión e incentivar el ahorro entre la población, pero coinciden con los empresarios en que éstos no son suficientes.

“Todos esperábamos un estímulo mayor. El paquete que se presentó responde mucho a la expectativa de crecimiento. Entonces, claramente las empresas suelen esperar estímulos más fuertes”, dijo Sergio Pérez, especialista en controversias fiscales y procesos regulatorios de PwC.

Añadió que los estímulos se calcularon con base en la proyección de ingreso y gasto; la falta de ingresos petroleros afecta todo el panorama y por ello el gobierno consideró no dar más estímulos.

Al mismo tiempo, reconoció que si bien no es una iniciativa agresiva, sí procura fomentar el desarrollo económico y está orientada al cumplimiento tributario.

Los analistas concuerdan en que la deducibilidad inmediata de inversiones para pymes, a la energía e infraestructura, además aquélla que tiene que ver con el ahorro de largo plazo y el estímulo para las empresas que reinviertan sus utilidades, son las tres propuestas más destacables del Ejecutivo.

Arturo Carvajal, el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que es factible que durante la discusión en el Congreso algunos partidos propongan puntos adicionales para atraer la inversión al país y darle un beneficio mayor a los contribuyentes.

Carvajal reveló que de las siete principales medidas que anunció el gobierno sólo cuatro son de las 20 propuestas que impulsó el IMEF durante las reuniones previas que sostuvo con autoridades de Hacienda.

“Aunque algunas de ellas no están en los términos que habíamos sugerido, es un buen paso. La medida de inversión de energía renovable fue impulsada por nuestro instituto, son temas puntuales que necesita la industria en virtud de impulsar la reforma energética”, agregó.

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), evidenció que todas las iniciativas propuestas por el gobierno, salvo aquella que tiene que ver con las deducciones en materia de ahorro, generarán resultados en el largo plazo.

“Todas las medidas en el fondo tienen un costo fiscal, y aunque tienen como fin reactivar la economía, al final cuando el gobierno las brinda se convierten en gastos fiscales para el erario”, acotó Villarreal.

Qué es lo que hace falta

Para impulsar un mayor bienestar económico, Pedro Higuera insistió en que hay huecos que se tienen que cubrir en la discusión, como el abaratar el costo laboral para los empresarios; es decir, ampliar la banda para poder deducir a 100% las prestaciones salariales y, aunado a ello, generar medidas para mejorar la simplificación tributaria.

Iván Díaz, socio economista de PwC, comentó que el problema de los estímulos fiscales es que no fueron generalizados y se dirigen en su mayoría a las pymes. “Lo que se puede apreciar es que el gobierno requiere de ingresos, pero los incentivos que puso no son tan agresivos ni positivos como esperábamos”.

Dijo que para el próximo año, el reto más grande para el gobierno federal es incrementar su base de recaudación para obtener mayores ingresos ante el complicado panorama de menores ingresos petroleros, indicó.

Analistas y representantes de las principales cúpulas empresariales confían en que en la discusión de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2016, los legisladores podrán impulsar otro tipo de medidas que de una vez por todas reactiven la inversión de las empresas en beneficio de las familias mexicanas.

En San Lázaro analizarán 
la depreciación acelerada

Por su parte, Minerva Hernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y posible presidenta de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, afirmó que aún hace falta impulsar la depreciación acelerada de activos fijos; además regresar al esquema de Pequeños Contribuyentes (Repecos), ya que el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) le complicó la vida a los causantes.

“Tenemos que darle reversa a las medidas fiscales que han fragmentado la economía; la reforma fiscal inhibió la inversión; la tarea de los tres órdenes de gobierno es transparentar los recursos y la rendición de cuentas, otra tarea pendiente”, agregó Hernández.

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