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El gremio de la contaduría pública hizo un llamado a las autoridades hacendarias para que en la discusión del paquete económico del 2016 se analice la posibilidad de regresar al dictamen fiscal voluntario, con el fin de incrementar la recaudación del erario.

Leobardo Brizuela, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), insistió en que la Secretaría de Hacienda tiene que reconsiderar el monto mínimo de ingresos acumulados que debe tener el contribuyente para acceder al dictamen fiscal, ya que el actual, de 100 millones de pesos, es elevado.

“El tema del dictamen fiscal nuevamente cobra relevancia, ya que con base en estadísticas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se estima que se dictaminarán 40,573 contribuyentes, 44% menos que en años anteriores”.

Evidenció que de los casi 9,000 grandes contribuyentes inscritos en el padrón, una cuarta parte optó por no dictaminarse, en vez de ello presentaron la Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal (Disif).

“Ello nos lleva a cuestionarnos si la autoridad cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para realizar una tarea de auditoría pormenorizada”, refirió. Además, difirió del calculó del SAT y estimó que el número de empresas que podría dictaminarse en este año disminuirá a sólo 30,000 contribuyentes.

Insistió en que el dictamen fiscal es una herramienta que proporciona al fisco un elemento que garantiza que el contribuyente cumpla correctamente con el pago de sus impuestos.

Especialistas del gremio indican que el costo de dictaminar a una empresa es variado; depende del tamaño de la organización y de los honorarios del contador que realiza el trámite.

En promedio, un despacho de prestigio podría cobrar 1% de los ingresos totales anuales de la empresa; si factura 20 millones de pesos, el pago para el contador sería de 200,000 pesos.

El IMCP alzó la voz para que dentro de las conversaciones que realiza el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con la Iniciativa Privada, el dictamen fiscal se adhiera a los cambios que se plantean en la reforma fiscal, ya que eliminarlo afecta las finanzas públicas.

Y es que dicha herramienta, desde 1959, ha permitido a los contribuyentes y autoridades hacendarias otorgar confianza sobre la razonabilidad de la información financiera y el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales, habiéndose convertido en una obligación a partir de 1980 y hasta el 2013.

Exhortan a una mayor fiscalización del RIF

El IMCP exhortó al SAT a fiscalizar el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), ya que los contribuyentes no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales y son pocos los que presentan una declaración de impuestos.

Solicitamos que se emprendan labores de fiscalización para conocer realmente lo que sucede con este sector. Vale la pena valorar si el régimen es el idóneo para adherir personas a la formalidad, opinó José de Anda Turati, presidente de la Comisión Fiscal del IMCP.

“Todos como contribuyentes estamos sujetos a ser fiscalizados, pero esta acción se debe agudizar más cuando los causantes inscritos en el RIF tienen exenciones que los eximen del pago de impuestos hasta el 2016”, expresó.

En los últimos cinco meses, los causantes inscritos en el RIF han emitido en promedio 2.3 facturas electrónicas por ingresos, y sólo 2 millones 216,042 contribuyentes han presentado una declaración.

Datos del SAT indican que al 27 de mayo el RIF está compuesto por 4 millones 394,130 contribuyentes; es decir, que en año y medio de operación sólo se han sumado 500,000 causantes.

“El promedio de facturas emitidas refleja que estos contribuyentes no se han incorporado completamente a la formalidad fiscal, ya que representan sólo 0.5% del universo de comprobantes emitidos a nivel nacional”, concluyó Brizuela.

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