Durante la actual administración se han presentado denuncias contra 2,164 trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que representa 8% del universo de los servidores públicos que laboran en el órgano fiscal (35,000 personas), informó Aristóteles Núñez, jefe del SAT.

De ellos, 300 fueron denunciados ante el Ministerio Público y el resto al Órgano Interno de Control.

Al participar en la mesa “Perspectivas de las dependencias gubernamentales en materia anticorrupción”, en el marco del primer Foro sobre Anticorrupción organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México, Núñez aseguró que el sector de la construcción es uno de los más propensos a presentar actos de corrupción y defraudación fiscal, sector en el que con mayor incidencia se utilizaban las facturas falsas.

El jefe del SAT destacó que se debe aislar a quien no está haciendo bien su trabajo y se le debe dar peso a las instituciones sancionadoras.

“Se necesita la fortaleza de las instituciones para que puedan con toda libertad y autonomía ejercer sus atribuciones y facultades, y no estar supeditadas ni a un compromiso político, ni a un compromiso electoral, sino única y exclusivamente a la ley”, puntualizó.

Los especialistas presentes en la mesa concuerdan en que para poder mitigar la corrupción, tanto el gobierno federal como la iniciativa privada deben tener una mayor participación, no sólo basta con sancionar o multar a los funcionarios públicos.

Javier Soni, socio decano de PwC México, consideró que “también hay que atacar y sancionar a las empresas corruptas; mientras las organizaciones no sean sancionadas, no se mejorará la cultura anticorrupción en México. Los empresarios deben entender que un negocio limpio es un buen negocio”, añadió Soni.

En su oportunidad, Manuel Hallivis, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), adelantó que con la puesta en marcha del sistema nacional anticorrupción y sus leyes secundarias (que aún no son aprobadas por el Congreso de la Unión), el TFJFA espera recibir durante el 2016 entre 4,000 y 5,000 denuncias por irregularidades de funcionarios públicos, incluidos temas de corrupción.

“Con la reforma que está a punto de aprobarse, el tribunal será quien sancionará y con ello esperamos recibir entre 4,000 a 5,000 demandas contra servidores públicos por cualquier irregularidad que puedan cometer”, acotó Hallivis.

En su oportunidad, Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública, compartió que cada año se reciben 20,000 quejas y sólo 600 corresponden a aspectos que tiene que ver con la corrupción.

La corrupción es un lastre

Leticia Hervert, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dijo que la corrupción es un lastre para la economía del país que se tiene que abatir, ya que le deja al erario público grandes pérdidas con consecuencias altamente nocivas que afectan el desempeño de la economía.

Admitió que la corrupción es un fenómeno con el que diariamente se convive en diferentes ámbitos; por lo tanto, se le debe poner freno para que México no se convierta al final del día en una sociedad “cínica” y “mustia”.

“En lo económico, provoca distorsiones en los mercados, 
desalienta la inversión, aumenta los riesgos y costos, afecta los derechos de propiedad y el Estado de Derecho, y en consecuencia nos aleja del progreso”, añadió.

Aquí, el socio decano de PwC México confirmó que anualmente la corrupción le cuesta al país 178,000 millones de pesos, capital que se destina a mordidas, gastos legales y proyectos inflados.

Dicho cálculo, dijo, fue retomado por un estudio que compartió el Instituto Mexicano para la Competitividad, el cual también ha dado a conocer que, con base en esta cifra, cada mexicano destina 165 pesos diarios a actos de corrupción, y que en promedio representa entre 2.0 y 9.0% del PIB.

“Es por ello que necesitamos actuar en forma inmediata y trazar líneas de acción, tanto sociedad como gobierno, en busca de lograr un país que día a día lucha contra las malas prácticas en todos los ámbitos, a fin de erradicar la corrupción en su máxima expresión”, añadió Hervert.

Aquí, Aristóteles Núñez comentó que es necesario trabajar en un sistema preventivo para inhibir los actos de corrupción, en el que juegan un papel fundamental la tecnología, la conciencia ciudadana y las instituciones.

“Hay una tarea pendiente del ciudadano de crear conciencia de que la corrupción sale muy cara, un trabajo en el que deben trabajar de la mano la autoridad (gobierno) y los particulares”, concluyó.

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