El gobierno mexicano tiene las herramientas legales, físicas y tecnológicas para investigar a los contribuyentes involucrados en los Panamá Papers; sin embargo, hace falta mayor voluntad política para hacer justicia, dicen expertos.

El Servicio de Administración Tributario (SAT) puede solicitar el apoyo de dependencias como la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para investigar estos casos, afirman.

“Recursos los tiene, lo van a hacer contra algunas empresas y empresarios, a lo mejor uno grande, 5 medianos y 30 chiquitos, pero lo van a hacer más por publicidad que por corregir una situación”, dice el contador Henry Foulkes, Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, del Colegio de Contadores Públicos de México. Pero ¿realmente lo quieren resolver?, cuestiona.

“De que lo pueden comprobar y sancionar, se puede, ojalá que lo hagan, que haya una revisión, una rendición de cuentas y que el caso sea transparente”, comenta Leticia Hervert, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Foulkes explica que el SAT tiene que solicitar la información oficial al gobierno de Panamá, ya que la investigación periodística no puede ser utilizada como prueba, y después debe indagar sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Sin embargo, el experto prevé que “de todas las empresas que hay de mexicanos allá no van a investigar el 100%” y sólo retomaran algunos casos para “salir del problema”.

Aunque, Hervert afirma que el SAT cuenta con los elementos necesarios para investigar estos casos percibe la falta de aplicación de justicia expedita, pues “hay gente que ha defraudado al fisco y le han condonado créditos fiscales”.

Un ejemplo muy claro de lo que sucede en este país, dice Foulkes, es el de la Casa Blanca.

“Después de 6 meses de investigación y miles de documentos todo está muy bonito, no pasa nada. No hay mucha voluntad política de corregir la corrupción desde adentro”, dice.

El contador considera que además de los empresarios involucrados, es necesario investigar y sancionar a los despachos de contadores y abogados que se dedican asesorar a los contribuyentes para evadir al fisco.

“La compra de facturas y los esquemas agresivos de outsourcing son situaciones que si uno los ve parecen legales, porque tienen una factura que cumple con todos los requisitos, pero no tienen un soporte de la operación realizada, y ese dinero de las facturas es el que muchos empresarios se están llevando fuera por recomendaciones de los abogados”.

Recuerda que hace aproximadamente 4 años el fisco inició investigaciones contra despachos que ofrecían alternativas de evasión; sin embargo, ya no se les dio seguimiento, porque en muchos de los casos los clientes eran personas relacionadas al gobierno.

Ahora, agrega, la actual administración del SAT ha anunciado que va contra las empresas que compran esas facturas apócrifas.

“De alguna manera van a ‘pegarle’ al que está comprando esas facturas siempre y cuando la empresa sea particular, porque si es un organismo de gobierno no va a suceder nada”, asegura.

Por eso, Hervert exige que se evite el tráfico de influencias y la corrupción; “si hay que sancionar y multar a alguien que se haga y que lo conozca la sociedad”.

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