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El Contribuyente. Fiscalizan a postulantes de Ronda Uno. 21 de mayo de 2015
La unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en conjunto con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), revisa que las empresas interesadas en participar en la Ronda Uno cumplan con sus obligaciones fiscales y que su capital no tenga origen ilícito.
Se estima que por las tres licitaciones para explorar y extraer hidrocarburos se generen inversiones por alrededor de 22 mil millones de dólares.
La primera invitación es para invertir en 14 áreas de exportación en aguas someras, por un monto estimado de 16 mil 700 millones de dólares; la segunda para cinco áreas por 4 mil 700 millones de dólares, y la tercera para 26 campos en tierra, por 627 millones de dólares.
El dinero y las actividades de las empresas no siempre están disponibles para las autoridades, y la delincuencia aprovecha para “lavar” dinero, advierte el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (Gafi).
Para evitar que en Ronda Uno entre capital ilegal, las autoridades tienen que realizar varias evaluaciones.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el primer filtro para la detección de estos movimientos, dice Silvia Rosa Matus, de la Comisión del Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Además, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos califican y determinan qué tipo de contrato se puede asignar en el caso de que alguien está interesado en invertir. Dentro de todo ese proceso existen elementos de control para determinar si eventualmente es dinero de procedencia ilícita”, afirma Jesús Alvarado, Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP.
“No es que pueda llegar alguien que no tenga experiencia para desarrollar ese tipo de acuerdos con el gobierno, primero se tiene que probar que es una persona idónea. Evidentemente son empresas que tienen un currículum detrás importante”, agrega.
Por su parte, el Gafi recomienda consultar su guía, elaborada con expertos en esos temas, para apoyar a los responsables de elaborar políticas antilavado y profesionales para identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas para prevenir el uso indebido de esquemas corporativos.
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