Pese a la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deben promover las reformas fiscales necesarias para que se elimine el tope a las deducciones por prestaciones laborales que dan las empresas a los empleados.

En una declaración conjunta que realizaron el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa reiteraron que resulta evidente que se trata de un tema que afecta seriamente a las empresas del sector privado y a sus trabajadores.

Añadieron que estas limitantes también afectan la competitividad del país, la cual es sumamente necesaria para el desarrollo económico en un mundo globalizado.

En la reunión en la cual también participó el Colegio Nacional de Actuarios (Conac) y la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC), se destacó que bajo el argumento de la libertad de configuración legislativa, se pretenden justificar decisiones que atentan contra el principio de certidumbre y seguridad jurídica que debe imperar en el país.

Roberto A. Rocha, del Conac, informó que hay despachos en los que hasta nueve de cada 10 empresas que se asesoran han dejado de hacer aportaciones a los planes privados de pensiones, ello luego de que se eliminara la posibilidad de deducir todas las aportaciones para el retiro.

Los representantes de las diferentes instituciones coincidieron en que el tope a las deducciones de aportaciones para el retiro es una contradicción grave del gobierno, pues mientras está informando que el ahorro voluntario debe de crecer porque las aportaciones obligatorias no serán suficientes para los pensionados por medio de afores, se están quitando incentivos para que las empresas brinden beneficios a sus trabajadores que cobrarán mucha importancia en su retiro.

En este sentido, Pablo Corvera, representante de BMA, dijo que con lo anterior los únicos afectados son los empleados, quienes con el contexto actual, difícilmente tendrán un retiro digno.

Leticia Hervert destacó que luego de la limitación a la deducción en las prestaciones laborales, que surgió en el 2013, los costos laborales han incrementado hasta 8%, situación que sin duda afectará y disminuirá la creación de empleos.

Por lo anterior, los representantes de todas las instituciones mencionadas refrendaron su compromiso con la sociedad y con el sector productivo del país y se unieron a las exigencias presentadas por diversos organismos empresariales.

Así, solicitaron una vez más que se promuevan las reformas fiscales necesarias a efecto de eliminar las limitaciones a las prestaciones que dan los patrones a sus trabajadores y que constituyen ingresos exentos para ellos, como había sido respetado hasta el 2013.

Además, debido a que la resolución de la Segunda Sala sólo es un criterio, los representantes solicitaron que tanto este asunto como el resto de los temas que se han llevado a la Corte y que se encuentran pendientes de resolución, sean llevados al pleno del máximo tribunal para su análisis y resolución definitiva.

Lo anterior, debido a que el sentido de la resolución en este tema resulta de gran trascendencia para el país, las empresas del sector privado y sus trabajadores.

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