EL ECONOMISTA, SECCIÓN VALORES
Rolando Ramos

En votación dividida y de forma contraria al interés del sector privado, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó la minuta de la nueva Ley de Amparo, que elimina la figura de la suspensión provisional en el juicio de amparo.

La propuesta del PAN, respaldada por la bancada de MC y parte del PRD, PVEM y Panal, y a la que se opuso el PRI de manera tajante, para modificar la fracción XIII del artículo 129, relacionada con la explotación de concesiones de bienes de dominio directo (agua, transportes públicos, autopistas, gas, telecomunicaciones por medio del espacio radioeléctrico, minas y energía, entre otros), se rechazó por 235 votos.

Al someterse dicha fracción a la consideración del pleno cameral en los términos de la minuta aprobada por el Senado desde octubre del 2011, se emitieron 261 votos del PRI, parte del PVEM, PRD y PT en favor; 185, del PAN, MC y de algunos perredistas y pevemistas en contra, y 11 abstenciones.

Previamente, el pleno de la Cámara había aprobado, en lo general, la nueva Ley de Amparo, con 434 votos a favor, seis abstenciones y 18 votos en contra.

Desde la tribuna, el panista Mario Sánchez Ruiz afirmó que la decisión de eliminar la suspensión provisional representa un grave atentado contra el desarrollo económico nacional en materia de concesiones.

“Con este tipo de medidas castigamos el desarrollo nacional, y se atenta contra principios de debido proceso, como es la equidad procesal de las partes en cualquier juicio, ya que, al negar la suspensión por ministerio de Ley, se inclina inexorablemente la balanza de la justicia en favor de la autoridad…”, estableció.

En su alocución frente a la Asamblea, el Presidente de la Comisión de Economía y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial explicó que su propuesta de modificación de la fracción XIII consistía en precisar que no se concederá la suspensión cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo que refiere el Artículo 27 constitucional.

Y alertó que de no tomarse en cuenta su propuesta se estará permitiendo al gobierno afectar indebidamente y de manera arbitraria a los particulares, al dejarlos sin acceso al debido proceso.

Antes, otro panista, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, propuso, también sin éxito, enmendar la fracción XI del citado artículo para precisar que no procederá la suspensión cuando, de concederse, se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, siempre que sean necesarios para la protección del público ahorrador y para salvaguardar el sistema de pagos.

El hecho de que no prosperara su propuesta, advirtió, pone al sistema bancario en un inminente riesgo en perjuicio.

LLAMA MANLIO A LA CALMA

En entrevista previa, Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, dijo no entender las preocupaciones del sector empresarial porque la ley está hecha para dar garantías.

“La nueva Ley de Amparo es verdaderamente un hito en la historia garantista de México… El amparo se preserva para todos aquellos que piensen que sus derechos son violentados… El PRI mantendrá su postura: los bienes del dominio de la nación pueden ser recuperados por el Estado de manera legal y apropiada’’. Ratificada con algunos cambios de forma, no de fondo, la minuta se devolvió al Senado para una nueva revisión.

Cancelar la suspensión

MENSAJE EQUIVOCADO: IP

La negación a la suspensión de amparo envía un mensaje equivocado de incertidumbre jurídica, por lo que existe el riesgo de freno de inversión en diferentes sectores, como el de telecomunicaciones, minero, agua, aerotransporte, entre otros, afirmó el sector empresarial.

“Nos llama la atención que se haya legislado tan rápidamente (la Ley de Amparo) y no hayamos podido contribuir en forma… Hemos recibido muchas llamadas de los empresarios de que se extrañan que se tendrá que cambiar la situación jurídica para no tener conflicto con la autoridad”, expresó Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Por otra parte, Gerardo Gutiérrez, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, rechazó que como organismo se recurra a la impugnación o controversia constitucional por la negación a la suspensión de amparo que avaló el Congreso.

Reconoció la labor de los legisladores al avalar una reforma de amparo, pero el artículo 129 en su fracción XI y XIII puede provocar la quiebra de una empresa o individuo hasta en tanto no se culmine el proceso del Poder Judicial.

El sector empresarial descartó que la aprobación de la Ley de Amparo conlleve a un Estado totalitario.

(Con información de Lilia González)