Los afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), que dejen de pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria, pueden ser acusados de defraudación fiscal, así como serán sancionados y multados, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

“El incumplimiento de obligaciones fiscales, sólo agravaría los daños que se están provocando a la sociedad, incluido el propio sector empresarial, ya que este sería vulnerable a la acción fiscalizadora de la autoridad”, aseguró Olga Leticia Hervert Sáenz, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP.

Si los empresarios cumplen su amenaza “sólo agravaría los daños que se están provocando a la sociedad, incluido el propio sector empresarial, ya que este sería vulnerable a la acción fiscalizadora de la autoridad, provocando el pago de multas y aplicación de sanciones, pago de accesorios como recargos y actualización, y en un extremo, la posibilidad de configurarse delitos de defraudación fiscal”, dijo.

El que no paguen traería como consecuencia mayores afectaciones a la sociedad, ya que disminuirá la recaudación de recursos para sufragar el gasto público, especialmente el gasto social, destinado a políticas y programas públicos orientados a satisfacer necesidades básicas para segmentos sociales desprotegidos, comentó la contadora.

En medio de la ola de quejas por los daños y pérdidas económicas provocadas por los bloqueos de la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación una parte del sector privado amenazó con no pagar impuestos e irse a paros.

Los empresarios de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero están dispuestos a partir del próximo 17de agosto “en el extremo presentar sus declaraciones en ceros, así como iniciar paros en sus empresas”, manifestó Enrique Solana Sentíes, presidente de la (Concanaco).

El dirigente del pequeño comercio dijo que esas acciones están fuera del control de la Confederación y de las Cámaras Empresariales que la integran.

Según el empresario, los daños sufridos que hasta días pasados ascendían a 7 mil 500 millones de pesos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que también presentaron una denuncia colectiva exigiendo a la CNTE la reparación de todos los daños y perjuicios generados a todas las empresas o personas físicas con actividad empresarial.

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