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Propone Coparmex reformar leyes de ISR e IVA para deducir proyectos ambientales
El Sol de México, Finanzas
Alejandro Durán
De cara a la definición del presupuesto económico para 2012, el sector patronal propuso reformar las leyes del Impuesto Sobre la Renta, ISR, y del Impuesto al Valor Agregado, IVA, para permitir deducir inversiones en materia de desarrollo sustentable, como admitir que todos aquellas empresas que adquieran desperdicios para industrialización lo puedan acreditar fiscalmente.
Y lo anterior, argumentó la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, porque hoy en día la legislación para fomentar proyectos comprometidos con el medio ambiente “se queda corta”, ya que los incentivos industriales no han sido suficientemente difundidos, no se ha evaluado sistemáticamente su efectividad e impacto y conlleva una carga administrativa adicional.
Por lo anterior, el presidente del sindicato patronal, Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguró que se necesita que cada uno de los actores políticos, sociales y económicos asuman una posición comprometida con el medio ambiente, pues de lo contrario los esfuerzos serán aislados e insuficientes.
“Lo que se necesita es estimular esa inversión generadora de empleo; consolidar una política integral y de vanguardia de incentivos para el cambio tecnológico y la adecuada gestión empresarial; en México, la legislación vigente al respecto, se queda corta ante este nuevo reto”, señal a través de un video mensaje.
El empresario lamentó que el pasado cinco de junio México haya celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente con la aprobación, la semana pasada, del Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, por parte de Cofemer y Semarnat, así como del Reglamento para la Determinación y Pago de No Caducidad de Derechos de Aguas Nacionales, por parte de Conagua.
Gutiérrez Candiani dijo que dichos reglamentos contienen disposiciones u omisiones que generarán pérdida de competitividad, impactos económicos y desmotivación para el sector empresarial, en cuanto a la realización de inversiones que se estuviesen programando en materia de sustentabilidad ambiental.
“Ambos tienen imprecisiones, falta de claridad e inclusive incoherencia entre algunos apartados”, afirmó.
De esta manera, aseguró que el reglamento relativo a la contaminación atmosférica, no parte de una evaluación económica que sustente el beneficio buscado y, desde el punto de vista técnico y jurídico, genera incertidumbre. Impone restricciones sin una metodología transparente, lo que se presta a la discrecionalidad, y fomenta la inequidad.
“Por ejemplo, sin una objetividad técnica y económica, se pretende instaurar un mercado de emisiones, como en otros países, pero sin considerar la realidad y la política energética imperante en México. Los costos de aplicación correrían absolutamente por cuenta del sector privado, ante la falta de mejores criterios de calidad ambiental de los combustibles y de la diversificación de los mismos. Y a esto, además, lo consideran un incentivo”, indicó.
Por otra parte, agregó, con la nueva regulación de la Garantía de No Caducidad de Derechos de Aguas Nacionales, los concesionarios de su aprovechamiento, explotación o uso, quedan sumamente desprotegidos y desalentados para hacer inversiones.
“Con este reglamento, invertir en tecnologías y métodos para un uso eficiente y sustentable del agua, no garantiza conservar la concesión, ni la pertinencia y rentabilidad de las propias inversiones; esto coarta los derechos y obligaciones estipulados en la Ley de Aguas Nacionales”, dijo.
Por ello, mejor se pronunció a favor de reformas en materia tributaria, con el fin de poder acreditar inversiones destinadas al desarrollo sustentable, lo cual se traduzca en generación de riqueza, empleos y protección del medio ambiente.
“Aplicar deducciones del 10 por ciento a inversiones realizadas dentro del Programa de Transporte Limpio de la Semarnat, diseño de empaques sustentables, menor consumo de materias primas y eliminación de materiales tóxicos; así como deducir al cien por ciento inversiones por reforestación o recuperación de mantos acuíferos y crédito fiscal al pago de derechos por extracción de agua”, indicó.
