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Cambios en consolidación fiscal dispararían pasivos de empresas
El Financiero, Finanzas
Marcela Ojeda Castilla
De aprobarse la consolidación fiscal tal y como lo propone la Secretaría de Hacienda, de un año a otro 42 de las 422 empresas que dentro de la consolidación fiscal han diferido el pago de impuestos tendrían una carga tributaria de alrededor de 20 mil millones de pesos.
“Ésta es una de las partes más complicadas dentro de las discusiones del paquete fiscal para 2010, porque normalmente las empresas planean a largo plazo en función de las reglas fiscales actuales, y es con base en ello en que toman sus decisiones”, dijo a EL FINANCIERO el fiscalista José Alfredo Hernández.
El socio de impuestos y especialista en consolidación de la consultoría PricewaterhouseCoopers destacó que el dictamen aprobado el 20 de octubre en la Cámara de Diputados prácticamente avala la propuesta del Ejecutivo de cobrar los impuestos que las compañías que consolidan difirieron en su momento, conforme a los términos marcados por la ley.
“Si esto es aprobado por el Senado, las empresas se verán con un pasivo desmesurado que no tenían previsto, porque ahora pretenden cambiar las reglas fiscales que estaban vigentes en el momento en que decidieron diferir, originando una salida de efectivo.
“Es con ese cambio de reglas con lo que las empresas se sienten perjudicadas, porque aunque tuvieran el efectivo, lo más probable es que fueran para planes muy diferentes a ese pago de impuestos inesperado”, agregó Hernández.
Asimismo, subrayó que expertos en materia de leyes de amparo han señalado que esto es retroactivo y atenta contra los derechos de las empresas, que estarían siendo vulnerados, sobre todo al amparo de lo que marca la Constitución.
“Y, aunado a esto, está la parte de la Ley de Amparo que el Ejecutivo presentó, en el sentido de que el amparo para fines fiscales prácticamente se haga nugatorio, lo que significa que sólo en ciertos casos procedería.”
Así, aunque resultara que el contribuyente tuviera la razón, lo que pagó al fisco antes de haber obtenido la sentencia no se le regresa.
Añadió que el sector privado no se opone a que haya un cambio en las reglas del juego, sino que lo que pide es que las modificaciones sean aplicables por hechos que sucedan hacia delante, no hacia atrás.
Gastar menos
Dijo que el gobierno tiene que reflexionar y/o reducir más su gasto, o incurrir en un mucho mayor déficit público para financiar el gasto, con consecuencias que no vendrán de inmediato, sino a futuro, en tanto que las empresas deberán medir los efectos de la reforma.
“Para algunas empresas será francamente difícil, ya que hay casos en que hicieron acuerdos con sus acreedores de no tener cierto nivel de pasivos respecto de sus activos, y a lo mejor esto los pone en una situación en verdad grave, pero será decisión de cada compañía si se amparan.
“Paralelamente, está el principio de la seguridad jurídica para invertir, y si los empresarios no se sienten seguros en un país, quién sabe qué vaya a pasar con la inversión extranjera, a lo mejor no se va, pero tampoco va a entrar a México, por lo que sí se espera que de nuevo venga una oleada de amparos”, apuntó.
