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El Contribuyente. Los contadores proponen estas reducciones de impuestos para las empresas. 18 agosto de 2017
La administración del actual presidente, Enrique Peña Nieto, podrá ser todo lo que quieran: corrupta, impopular, agachona. Pero si hay algo que sabe hacer bien es cobrar impuestos. A junio de 2017, el padrón de contribuyentes es de 61.5 millones. A finales del sexenio de la administración anterior, de Felipe Calderón Hinojosa, era de 38.5 millones; es decir, tuvo un crecimiento del 60%. De hecho, en 2017 el 56% del gasto público lo sustentarán los contribuyentes, mientras que en 2012 los ingresos tributarios correspondieron sólo al 37.4%.
Los contribuyentes no están muy contentos que digamos. Según un estudio de KPMG México, el 86% de los empresarios piensa que la reforma fiscal tuvo un impacto negativo en la productividad de su empresa. Y no es de extrañar, pues en la actualidad las empresas destinan más de la mitad de sus utilidades en impuestos.
En respuesta a la situación anterior, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) propuso una reducción sustancial a los impuestos a las personas morales para propiciar la inversión, generar empleos, combatir la informalidad y otorgar certeza jurídica a los contribuyentes. Además, la reducción al impuesto corporativo proyectada en Estados Unidos podría dejar rezagadas a las empresas mexicanas.
El Instituto propuso disminuir la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas, pues la tasa actual (del 30%) está por sobre la media de la OCDE (de 25%) y por sobre la proyectado por el presidente estadounidense (de entre el 15% y el 25%). Así, el IMCP hace dos propuestas al respecto de la tasa de ISR: 1) reducir la tasa a 25% o 2) reducir la tasa a entre el 15% y el 20% a las empresas que reinviertan sus utilidades, conservando una tasa de hasta el 30% para las empresas que las distribuyan en pagos de dividendos.
Otras propuestas son la eliminación del gravamen del 10% sobre los dividendos que se pagan a inversionistas, regresar a la deducción de compras para las empresas, en lugar del costo de ventas y eliminar el límite a la deducibilidad de prestaciones exentas, pues éstas son un mandato de la ley laboral, por lo que deberían considerarse gastos estrictamente indispensables.
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