Por: Daniel A. Ortíz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS
@danomv
Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP

Texto Original: Antilavadodedinero.com (06  de Septiembre de 2016). Coca-Cola es acusada de finacniar terrorismo en Colombia | Antilavadodedinero.com

http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=15755&title=coca-cola-es-acusada-de-financiar-el-terrorismo-en-colombia

Coca-Cola y otras 50 empresas colombianas han sido acusadas de financiar terrorismo por los tribunales del país latinoamericano, expone la nota.

Coca – Cola, es acusada de contratar asesinos del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asesinar a 9 líderes sindicales en sus plantas embotelladoras entre 1990 y 2002. Uno de estos líderes que fue asesinado era Isidro Segundo Gil, dirigente del sindicato, quien negociaba un pliego de peticiones con la planta de Coca-Cola en Caerepa (Antioquia). La mañana del 05 de diciembre de 1996, un grupo de paramilitares de las AUC llegó hasta el sindicato y lo asesinó.

Según la nota, una hora después del asesinato de Gil, los paramilitares secuestraron a otro dirigente sindical en su casa, quien logró escapar y huir a Bogotá para proteger su vida. Por la tarde, regresaron al sindicato, destruyeron el equipo y quemaron las instalaciones, acabando con todos los registros de la cooperativa.

Al día siguiente, los paramilitares volvieron a la planta embotelladora, juntaron a los trabajadores y les dieron un plazo hasta las 16:00 para renunciar al sindicato. Los trabajadores experimentados que dejaron la planta ganaban entre 380 y 400 pesos colombianos al mes. Los que llegaron a reemplazarlos fueron contratados por el salario mínimo de esa época, mismo que ascendía a 130 pesos colombianos al mes.

Durante los dos meses siguientes, los paramilitares acamparon a las afueras de la puerta de la planta de la refresquera; Sin embargo, ésta nunca se quejó con las autoridades ni por el asesinato de sus trabajadores ni por la presencia de estos grupos en sus instalaciones.

El análisis realizado por antilavadodedinero.com expone que “Edgar Paz, sindicalista, sostuvo que la empresa nunca negoció con el sindicato después de los hechos. 27 trabajadores en 12 departamentos salieron de la planta y de la zona. Todos los trabajadores tuvieron que abandonar el sindicato para salvar su propia vida y esta unión de trabajadores fue completamente destruida.”

La hostilidad de la transnacional de bebidas se inició en mayo de 1992, cuando el gerente de Coca Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla. La trágica secuela de sindicalistas asesinados comenzó dos años después de la muerte de José Manco David y en 1995 Luis Gómez Granados.

Según se expone, los trabajadores buscaron justicia desde finales de 1996 hasta nuestros días. Muchos terminaron tras las rejas, mientras que los asesinos quedaron libres. Ante la impunidad, los trabajadores decidieron abrir un pleito en 2001 contra Coca Cola en Miami, sede de la trasnacional. Fueron apoyados por sindicatos norteamericanos como United Steelworkers of America y el Fondo Internacional de Derechos Laborales (ILRF). También fueron demandados Panamerican Bervages (la mayor embotelladora de bebidas gaseosas en América Latina) y Bebidas y Alimentos (propiedad de Richard Kirby de Key Biscayne, Florida), que opera la planta de Carepa.

La demanda la acompañaron de una campaña mundial de boicot a Coca Cola iniciado en 2003, acusando que la fabricante de bebidas azucaradas en Colombia: “utilizan grupos paramilitares ilegales para intimidar, amenazar y matar a sus trabajadores.”

Pese a la visibilidad internacional de la problemática, los sindicalistas acusaron que la intimidación continuaba. En mayo de 2003, una llamada anónima a la sede del sindicato en Colombia advirtió que la oficinas podrían ser objeto de un ataque con bomba. En marzo de ese año, reveló The Guardian, un trabajador en la ciudad de Bucaramanga recibió una notificación por parte de grupos paramilitares de que había sido declarado objetivo militar.

Coca Cola comenzó a dar respuestas a las quejas por los asesinatos de dirigentes sindicales en sus plantas cuando se dio visibilidad mundial. La empresa dice que declinó toda responsabilidad por la violencia y coacción y que tienen un código de conducta que requiere el respeto de los derechos humanos.

También sostienen que las plantas embotelladoras de Colombia “Son completamente independientes de la compañía Coca Cola.” En la empresa local dijeron que “no tenían manera de detener a los paramilitares de hacer lo que quisieran – después de todo, ellos tenían sus armas (…) Nadie le dice a los paramilitares qué hacer.”

Coca – Cola solicitó un grupo de expertos de Naciones Unidas a través de la Organización Internacional de Trabajadores, para llevar a cabo una investigación independiente sobre todo lo que sucedió en Colombia.

¿Qué podemos aprender?

Sin duda, la situación que presenta Coca Cola en Colombia es algo que la mayoría de los países de Latinoamérica deben de considerar dentro de sus riesgos. Los paramilitares, los grupos del narcotráfico o las pandillas pueden presentar importantes pérdidas para las organizaciones.

Las acciones tomadas por Coca Cola, deben de estudiarse a fondo. Puede resultar increíble que una empresa como ésta, esté contratando, y por consecuente financiando, grupos paramilitares, sin embargo, puede ser el caso de que éstos estén extorsionando a la transnacional como sucede con muchas empresas en América Latina y no se reporta.

Recordemos que el terrorismo se define como “generar miedo en la población para la consecución de un fin.”, Terrorismo no es necesariamente Al Qaida, ISIS o grupos identificados a nivel internacional. En Latinoamérica vivimos lo que se conoce como “narco terrorismo” que es un problema doble, ya que nos enfrentamos a organizaciones de narcotráfico que emplean técnicas terroristas para conseguir sus fines.

Todas las organizaciones deben de mantener un plan que les permita saber cómo actuar en caso de que sean víctimas de extorsiones por parte de estos grupos. Debemos de recordar que el aceptar y pagar lo que solicitan es una manera de financiar el terrorismo y no lo debemos de permitir. Dar aviso a las autoridades competentes y en tiempo, podrá prevenir un riesgo reputacional como el que Coca Cola está viviendo hoy en día.

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