EL ECONOMISTA, SECCIÓN VALORES
Ilse Santa Rita

La reforma financiera que presentará en breve el gobierno de Enrique Peña Nieto propondrá la creación de un sistema arbitral en materia financiera, que estará a cargo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

A través de este sistema, las instituciones financieras podrán otorgar a los usuarios la facilidad de solucionar controversias, garantizando la transparencia de los dictámenes emitidos por la Comisión.

Según el documento, que todavía no es presentado, pero al que El Economista tuvo acceso, se detalla que las instituciones financieras podrán adherirse a través de un procedimiento llamado oferta pública de sometimiento, lo que les daría derecho a ostentar una especie de distintivo oficial de adhesión.

“Las ofertas públicas que emitan las instituciones para la solución de controversias futuras se inscribirán en el registro de ofertas públicas del sistema arbitral, que tendrá a su cargo la Comisión”, detalla el documento.

Adriana Labardini, directora de la Asociación Civil Al Consumidor, expuso que en España el sistema arbitral es un exitoso modelo de protección al consumidor (incluyendo servicios financieros) debido a que ha habido incentivos para reconocer a las empresas que se someten al arbitraje con el propósito de solucionar controversias con sus usuarios y mecanismos para escarmentar a aquellas que no lo hacen.

“En España, las empresas que no se someten al arbitraje saben que se exponen a demandas, por ejemplo, a través de una acción colectiva. Con esto, las empresas tienen un incentivo para adherirse al sistema, lo que en México no está ocurriendo”, expuso.

Además, también se ha convertido en un tema de competencia –agregó- porque, a través de un registro público, los usuarios pueden ver a las empresas adheridas al sistema de arbitraje y a aquéllas que no lo están.

El sistema puede convertirse también en un tema de competencia siempre y cuando la Condusef estuviera dispuesta a ejercer demandas en representación de los usuarios en contra de instituciones que incumplan la ley, refirió.

REGULACIÓN DE COMISIONES Y PROHIBICIÓN DE VENTAS ATADAS

Además, en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se faculta a la Condusef para regular a las comisiones. Se prevé eliminar el cobro diferenciado de tarifas, dependiendo de la institución emisora del medio de disposición de dinero (tarjeta), por considerarlo una práctica discriminatoria y por desalentar su uso.

Asimismo, se contempla la posibilidad de que los clientes transfieran sus créditos al consumo a otra entidad que le ofrezca mejores condiciones, cuyo proceso no deberá tardar más de tres días.

“La institución receptora podrá realizar todos los trámites ante la institución transferente para dar por terminados los contratos respectivos, que permitan la movilidad de las operaciones de la solicitud del cliente”, se detalla en el texto.

La iniciativa también propone incluir en la ley la prohibición para que las entidades condicionen la contratación de operaciones o servicios financieros a la contratación de otra operación o servicio (ventas atadas), precisando la sanción que corresponderá aplicar a las entidades que contravengan esta disposición.