Las estrategias fiscales que involucran el traslado de recursos a jurisdicciones con una baja o nula recaudación fiscal y erosión de la base impositiva generan una pérdida en la recaudación global de entre 100 y 240 mil millones de dólares anuales, de acuerdo con la OCDE.

La problemática está como erosión de la base impositiva y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) y ha propiciado que las organizaciones internacionales formulen estrategias de cooperación para desincentivar el uso de estas estrategias, entre las que se encuentra el uso de paraísos fiscales.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la pérdida recaudatoria originada por estrategias BEPS es de entre 4 y 10% de la recaudación por concepto de renta a nivel mundial, pero se estima que el impacto en economías en desarrollo es mayor debido a que estas dependen más de este gravamen.

En México, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) representa casi una tercera parte de los ingresos totales del sector público y es cerca del 52% del total de ingresos tributarios, según cifras de la Secretaría de Hacienda.

El tema ha llamado especial atención luego de las filtraciones dadas a conocer por el International Consortium of Investigative Journalists (CIIJ), a través de publicaciones como los Bahamas Leaks, Panama Papers y Paradise Papers, lo que ha generado controversia respecto al uso de estrategias fiscales que implican el traslado de recursos a jurisdicciones que ofrecen bajas tasas de impuestos.

“En un mundo más globalizado, es una tendencia mundial que todos los grandes millonarios y las entidades ricas del mundo están haciendo en cada uno de sus países, están buscando beneficios off shore”, dijo Silvia Matus, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Si bien tener recursos en el extranjero, o en países considerados paraísos fiscales, no representa un ilícito en sí mismo, Matus explicó que si el traslado de recursos no está justificado o es sólo con fines fiscales, entonces tiene una implicación moral.

Señaló que los contribuyentes que recurren a estas prácticas no muestran un compromiso social, debido a que disfrutan de los beneficios de una sociedad para generar sus riquezas y no se comprometen a contribuir a la misma.

Según la OCDE, los beneficios que los contribuyentes obtienen a través de disposiciones BEPS se basan en normas obsoletas.

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