IMCP

Fundado en 1923 y conformado actualmente de 60 colegios de Contadores

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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos impulsa una propuesta que es secundada por otros organismos para que se incremente el tope actual de deducción fiscal para donaciones, que es de 7% de los ingresos de las personas físicas, o de la utilidad fiscal en caso de las empresas. Lo que propone el IMCP es quitar totalmente los topes mediante un Decreto Presidencial durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, a fin de fomentar mayores donaciones para los damnificados de los sismos de septiembre y la reconstrucción.

Al respecto, Osvaldo Santín, titular del SAT, si bien precisa que la decisión en política tributaria no recae en el SAT, sino en la Secretaría de Hacienda, sí señala que no es necesario incrementar el monto de deducción, porque el monto anual total de la deducción de donaciones es de 45 mil millones de pesos, que representan el 1% del total de ingresos. Explica que si se mantiene el tope de 7% el monto se elevaría a 300 mil millones de pesos, por lo que considera que el techo actual en deducciones no inhibe el flujo de donativos para apoyar la emergencia y la reconstrucción.

Herbert Bettinger, socio director de Bettinger asesores, asegura que sería un error eliminar totalmente el tope, pero sí considera que debería ser mayor, porque el 7% es muy bajo comparado al de otros países como Estados Unidos, que puede llegar al 50%. El tope se estableció por el abuso que se cometía en donaciones que se convertían en una forma de evasión fiscal, pero actualmente el SAT tiene con las facturas electrónicas un mayor control y considera que sí sería conveniente ampliar el techo.

¿OTRA PRÓRROGA AL PROGRAMA DE REPATRIACIÓN?

Al cierre de septiembre, el SAT ha regresado a México 289 mil mdp por el programa de repatriación de capitales, y la recaudación supera los 14 mil 500 mdp.

El monto demuestra que fue un acierto la ampliación de tres meses al programa de repatriación que originalmente vencía el pasado 19 de julio, ya que sólo habían regresado 76 mil mdp.

El nuevo plazo vence el 19 de octubre, pero ya hay propuestas, como la de Herbert Bettinger, para una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre, porque todavía hay inversiones que puedan regresar y apoyar el programa de reconstrucción, porque los recursos se deben mantener invertidos, por lo menos dos años, en áreas como infraestructura.

PROGRAMA DE APOYO A EMPRESARIOS EN CDMX

El Premio Naranja Dulce es para Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. A diferencia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien sigue deshojando la margarita sobre si se otorga o no estímulos fiscales a los comercios afectados por el 19S, el gobierno capitalino realizó ya un primer diagnóstico sobre la actividad económica en las zonas donde se encuentran los edificios colapsados: un total de 930 unidades económicas, con siete mil 798 empleados, y estimó una afectación de 34.5 millones de pesos en los primeros cinco días posteriores al 19S.

En cuanto al programa emergente, se otorgarán microcréditos para actividades productivas de autoempleo en grupos solidarios de 2 a 5 personas a una tasa anual de 11%; créditos de 10 mil a 25 mil pesos para pymes a una tasa de 10%; y con apoyo de Nafin habrá créditos nuevos de hasta dos millones de pesos, a 10 años, y de hasta de tres millones en créditos de liquidez o sustitución de créditos vigentes, a 6 años, con tasas de 11% a 12 por ciento.

TEC DE MONTERREY, OSCURANTISMO

El Premio Limón Agrio de la semana es para el Tec de Monterrey, por negarse a informar sobre las constructoras que construyeron los dos con puentes que se desplomaron en el campus Ciudad de México en el sismo del pasado 19 de septiembre en el que fallecieron cinco alumnos y 40 resultaron heridos. Tras las quejas de los padres de familia por la falta de explicación, el Tec de Monterrey emitió un comunicado, una semana después del sismo, en el que sostiene que, supuestamente, su prioridad es descubrir qué pasó, que ya se contrató a expertos, pero se negó a revelar los nombres de las empresas constructoras.

Es inaceptable que en una institución de educación superior, donde se enseña arquitectura e ingeniería civil, se hayan registrado anomalías en la construcción del plantel.

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