Los indicadores de difusión más recientes para México están marcando una inminente desaceleración. Los indicadores IMEF, tanto el manufacturero como el no manufacturero, se ubicaron en junio en los 47 puntos, por debajo del umbral entre crecimiento o contracción que se ubica en 50 puntos. El índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP/Bursamétrica para el mismo mes bajó en sus dos componentes, tanto la precepción sobre la situación actual, como la percepción sobre el futuro bajaron más de 2% en relación a los datos de mayo.

La tendencia de las ventas de las cadenas afiliadas a la ANTAD, bajo tiendas comparables, es de clara desaceleración. Aun cuando el dato de junio es todavía positivo en términos anuales, no sería sorpresivo volver a los datos negativos en los próximos meses. Los pequeños negocios que no pueden vender con crédito, tienen ya una situación de recesión.

En diversas encuestas como las del INEGI, Banco de México, o el IMCP, los factores que se destacan para obstaculizar la actividad productiva son: el clima de inseguridad, en primer lugar, la corrupción en segundo, y la falta de disponibilidad de financiamiento y capital en tercer lugar. En el entorno actual pueden identificarse otros cuatro factores de carácter interno/fiscal:

1. La reforma fiscal ha generado un incremento en la recaudación, lo que implica menos recursos para el consumo y la inversión.

2. Los recortes al gasto, que si bien son necesarios para mantener las finanzas públicas sanas, implican menor crecimiento.

3. El subejercicio del gasto, que se observa tanto en diversas dependencias del Gobierno Federal, como en las empresas del Estado, y en las entidades de seguridad social.

4. El retraso del pago a los proveedores del sector público. Fenómeno que se observa en las dependencias del Gobierno Federal, en las empresas productivas del Estado, y en los estados y municipios.

Recientemente hemos visto recomendaciones que se han hecho a las autoridades (Banxico, CEESP) para hacer mayores recortes al presupuesto para asegurar un superávit primario. La suma de los recortes anunciados para estos 3 años (2015 a 2017) supera los 460 mil millones de pesos, equivalentes al 2.7% del PIB. Volver a recortar el gasto puede ser contraproducente. Nos puede llevar a un círculo perverso de menor crecimiento, menor recaudación, mayor déficit fiscal, necesidad de mayores recortes.

A continuación hacemos algunas propuestas, considerando los compromisos que ha expresado esta administración. Creemos que la solución se encuentra en cambiar la política fiscal a un enfoque ofertista que promueva la inversión y el empleo.

1. Reducir gradualmente la tasa de Impuesto sobre la Renta a las empresas y a los individuos, a razón de 1% cada año, durante 5 años.

2. Permitir la deducibilidad del 100% de las prestaciones sociales en forma inmediata.

3. Establecer un esquema de deducción acelerada de la inversión en activos físicos para expansión de la capacidad instalada.

4. Establecer un incentivo de hasta 5% de descuento en la tasa de ISR para las empresas que coticen en las Bolsas de Valores.

5. Establecer un timbre fiscal que promueva la repatriación de capitales haciendo un descuento más atractivo si el destino de los recursos que se repatrían va hacia la inversión productiva.

6. Crear un mecanismo de compra de cartera vencida, por parte de la banca, a descuento para los proveedores del sector público, por un monto inicial de 100 mil millones de pesos.

7. Revisar el régimen de inversión de las Siefores para inducir una mayor inversión de sus recursos hacia la actividad productiva.

8. Acelerar las licitaciones de proyectos de inversión de obra pública y la creación de APPs que detonen la inversión privada en proyectos de infraestructura.

9. Reautorizar la deducibilidad de las aportaciones de las empresas a los planes complementarios de pensiones y jubilaciones, cuando estos no están debidamente fondeados.

10. Plantear una reforma y una reestructura a los sistemas de pensiones de las Fuerzas Armadas, de los estados y de las universidades públicas.

Quedan prácticamente 2 años para las elecciones presidenciales del 2018. Esta es la última oportunidad que tiene la presente administración para lograr que el crecimiento económico sea una realidad. Para que el saldo histórico de su gobierno no sea el de un mayor endeudamiento, con corrupción, y con un retroceso en el nivel de vida de la población.

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