Para las personas físicas, la declaración anual es como un dolor de cabeza: se puede curar con una pastilla, “pero hay que acudir al médico si el problema es más grave”, comenta José Luis García Ramírez, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda, asegura que es un trámite fácil que no requiere más de diez minutos. Sin embargo, México ocupa el puesto 114 de 190 economías con respecto a la facilidad para pagar impuestos, de acuerdo con el reporte “Doing Business 2017: Igualdad de oportunidades para todos”, del Banco Mundial. Este documento señala que los sistemas complicados se asocian con una alta evasión y los elevados costos de cumplimiento tributario (la necesidad de contratar un contador, por ejemplo) y con sectores informales más grandes, mayor corrupción y menor inversión.

Este reporte también da una idea de por qué los mexicanos no nos sentimos motivados a pagar impuestos: porque no los vemos en acción. En México, la tasa total de impuestos para las empresas medianas alcanza el 51.9 por ciento, pero en la calidad de infraestructura nos ubicamos en el lugar 65 de 140 países evaluados por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en su “Reporte Global de Competitividad 2015-2016”. En contraste, otros países en desarrollo como Chile y Malasia tienen una tasa de impuesto de 28.9 y 40 por ciento, respectivamente, y se ubican en los escaños 40 y 16 de la misma clasificación.

El incentivo más importante para el pago de impuestos es que el Gobierno gaste adecuadamente; que los contribuyentes noten cómo sus aportaciones sirven para mejorar su calidad de vida. Pero en la actualidad la percepción de los contribuyentes mexicanos es que sus impuestos financian bienes y servicios de baja calidad. Aunado a los escándalos de corrupción que sobran en la prensa, el sentir del contribuyente no es favorable. Pese a todo, la recaudación ha subido.

Mientras que la supuesta austeridad presupuestal de la administración de Enrique Peña Nieto resulta poco creíble ante gastos como el nuevo avión presidencial, los 29,000 millones de pesos que se gastan en festejos para funcionarios y los bonos navideños que se asignaron a sí mismos los diputados federales, lo cierto es que —aunque nos disguste— la solución no está en dejar de cumplir con las obligaciones fiscales.

Una infraestructura amplia es básica para el buen funcionamiento tanto de la economía como de los servicios de salud y educación, pues permite tener mano de obra sana y eficiente. Si las empresas en verdad se interesan por lo que eso representa para su competitividad y productividad y si les preocupa lo que reciben a cambio de sus impuestos, la acción a seguir no es disminuir sus pagos de impuestos, sino poner el dedo en la llaga de la corrupción.

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