Categoría: Comisiones Nacionales

El C.P.C. José Luis Gallegos Barraza, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre el “Tratamiento en el ISR de ingresos provenientes de personas fallecidas cuyo dinero estaba en cuentas bancarias e inversiones financieras”.

Cuando una persona física fallece es común que transmita a sus familiares alguno de los siguientes bienes o derechos: bienes inmuebles, vehículos, joyas, derechos de cobro de dinero, derechos que derivan de contratos de fideicomiso, dinero en cuentas bancarias y/o inversiones en instituciones financieras o casa de bolsa, entre otros.

En el caso de dinero de cuentas bancarias y/o inversiones, las instituciones que los custodian, derivado de regulaciones legales y de contratos firmados con la persona fallecida, lo transmiten a quienes hayan sido designados como beneficiarios en tales contratos, esto con independencia de lo señalado en el testamento correspondiente e inclusive con independencia de que no haya habido testamento.

En este artículo se hará un análisis del tratamiento que en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) deberían tener los ingresos que perciban los beneficiarios de una persona fallecida consistentes en dinero, que esta mantenía en cuentas bancarias y/o inversiones en instituciones financieras, de crédito o compañías aseguradoras, etcétera.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que no se pagará dicho impuesto por los ingresos que perciban personas físicas por concepto de herencia o legado. Con esta tesitura, es importante definir si los ingresos que perciban los beneficiarios de personas fallecidas provenientes de cuentas bancarias e inversiones financieras pueden ser catalogados como herencia o legado, esto bajo el supuesto de que las mismas no se encontraban señaladas en el testamento de la persona fallecida, o no existió testamento.

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El Maestro Marco Antonio Mendoza Soto, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis llamado “Hacia un estándar de probabilidad razonada en la fiscalización tributaria”.

En el ejercicio de facultades de comprobación, en el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones regulado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (y en procedimientos de verificación como el previsto en el artículo 49-B del mismo Código), se ha consolidado desafortunadamente una práctica administrativa que distorsiona de manera sistemática el régimen jurídico de la prueba.

Este fenómeno no puede entenderse sin considerar la evolución que ha tenido el concepto de materialidad de las operaciones en el ámbito fiscal.

En efecto, a partir de las reformas y criterios administrativos que comenzaron a consolidarse en torno al año 2014, la autoridad fiscal transitó de un modelo de verificación predominantemente centrado en la revisión de la contabilidad —en términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación— hacia un esquema en el que se exige al contribuyente acreditar la efectiva realización de las operaciones mediante elementos adicionales, incluso ajenos a su contabilidad y, en muchos casos, provenientes de actuaciones de terceros.

Antes de este punto de inflexión, si bien la autoridad contaba con amplias facultades de comprobación desde antes del 2014, en la práctica, el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que se revisaban se concentraba en la existencia de comprobantes fiscales, en la aportación de los registros contables, y la congruencia formal con las declaraciones presentadas.

En este sentido la exigencia de demostrar la realidad material de las operaciones mediante evidencia operativa, logística o contextual no constituía el eje central del procedimiento de fiscalización.

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El C.P.C. José Cosme Ramírez Medellín, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre el “Código Fiscal de la Federación. Cómo blindar tu operación contra la presunción de comprobantes falsos”.

La Fracción IX del Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), vigente a partir del 1 de enero de 2026, establece lo siguiente:

• Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: […]

1. Amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.

• Los comprobantes fiscales que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción se consideran falsos para efectos de este Código.

Esta adición representa un cambio de paradigma, ya no basta que el Comprobante Fiscal CFDI sea técnicamente perfecto (forma), ahora debe ser sustancialmente real (fondo).

Pues bien, la evolución de la fiscalización en México, en gran medida, se centra ahora en la transición del cumplimiento formal (el “continente” o XML), al cumplimiento sustantivo (el “contenido” o la operación real); ante la entrada en vigor de la Fracción IX del Artículo 29-A del CFF para el ejercicio 2026, se identifica una necesidad imperante en el gremio de profesionales especialistas en materia fiscal, así como en los contribuyentes preocupados en el tema: establecer protocolos de defensa que trasciendan la simple emisión y, en su caso, tenencia de un comprobante fiscal.

Esta opinión es una propuesta en la que se analiza el marco normativo actual y el criterio emitido en jurisprudencias recientes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), proponiendo una metodología de “Compliance de Sustancia” para lograr una mejor posición de defensa y mejorar la seguridad jurídica de los contribuyentes para atender el nuevo requisito del CFDI.

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