El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) celebró que las autoridades hayan atendido una de sus demandas para poder corregirse en materia antilavado.
“Es un avance, aplaudimos las disposiciones que se dieron a conocer, era importante”, dijo el presidente del instituto, Florentino Bautista.
Los contadores habían pedido tregua para que no se sancionara a quienes de manera voluntaria se autocorrigieran en sus obligaciones como la presentación de avisos de presuntas operaciones de lavado de dinero.
Lo anterior debido a las multas “estratosféricas” que se les imponen a varias actividades y profesionistas que están obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Incluso, el IMCP había denunciado que una pequeña parroquia había sido multada con 19 millones de pesos, ya que las asociaciones religiosas, por el monto de limosnas que reciben, pueden ser consideradas vulnerables al lavado de dinero.
En entrevista, Bautista destacó que con las disposiciones que entrarán en vigor en junio, el beneficio es para las actividades vulnerables que no estaban al corriente de sus obligaciones bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Ahora tendrán que identificar todas y cada una de las omisiones.
Destacó que, específicamente las reglas que se dieron a conocer van en el sentido de perdonar las multas que son muy altas, con el plan de autocorrección y ponerse al día.
El año pasado, el Congreso aprobó el artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019, mediante el cual se establece un programa de auto regularización para dar debido cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 17 y 18 de la LFPIORPI.
De acuerdo con la ley antilavado, los sujetos considerados actividades vulnerables tienen la obligación de identificar a clientes y usuarios que tengan operaciones con ellas y verificar su identidad.
Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad y presentar los avisos que indique la autoridad.
Como actividades vulnerables están considerados casinos, desarrolladoras inmobiliarias, joyerías, empresas de blindaje, distribuidoras de autos, entre otras.