La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer la “Recomendación 33/2012” toda vez que un funcionario del SAT transgredió los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad, seguridad y certeza jurídica del contribuyente, tutelados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no haber ordenado el pago del resarcimiento económico al contribuyente, con base en el valor consignado en las facturas comerciales, tal como fue ordenado en la sentencia definitiva, pronunciada por la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Lo anterior, se advierte de las manifestaciones del contribuyente, así como del análisis y valoración de las documentales aportadas por las partes en la queja, de las que se desprende que los actos que se reclaman como violatorios de derechos, efectivamente existieron y quedaron debidamente probados con la documentación aportada por ambas partes ante la Prodecon.