La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer la “Recomendación 31/2012” remitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de actos emitidos por la una administración del SAT, consistentes en el embargo precautorio de un vehículo, derivado del procedimiento administrativo en materia aduanera, así como la determinación del crédito fiscal.
Al respecto, el SAT transgredió los Derechos fundamentales de debido proceso, legalidad, seguridad y certeza jurídica del contribuyente, tutelados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, 150 y 153 de la Ley Aduanera, al elaborar un parte informativo que no tiene sustento legal en la Ley mencionada y no dar inicio inmediatamente al procedimiento administrativo en materia aduanera.