Héctor Amaya, presidente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó en entrevista que en el tiempo que estuvo vigente esta disposición, que entró en vigor en 2020, diversos contribuyentes pagaron lo que supuestamente debían al SAT por evasión fiscal bajo la amenaza de prisión preventiva. Luego de que la Corte la declarara inconstitucional, varias empresas pelean en juicio ese dinero que pagaron.
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