El Financiero, Finanzas
Marcela Ojeda Castilla
Los días del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) podrían estar contados si tras la audiencia de mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no acepta presiones políticas ni económicas, que la lleven a considerar que una devolución tan importante de gravámenes pondría en dificultades a las finanzas públicas, y que ello sería ruinoso.
“El derecho debe ser ajeno a esto. La Corte tendría que resolver conforme a la legalidad en este asunto del IETU, donde hay muchos elementos para ganar el amparo y que este impuesto se declare inconstitucional”, coincidieron abogados y fiscalistas.
En entrevista con EL FINANCIERO, Herbert Bettinger, asesor fiscal de la firma Ernst&Young y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), añadió que al declararse inconstitucional ese impuesto, el ISR quedaría como única norma sobre los arbitrios directos, pero tendría que haber una reforma inmediata para crear un impuesto mínimo.
“Este último es muy importante para evitar que las empresas empiecen a evadir impuestos, por lo que ahí sí se recomendaría una reforma lo más pronto posible, para que en la estructura del ISR se cree un impuesto mínimo a la renta”, añadió Bettinger.
En cuanto al boquete presupuestario en que se podría traducir la declaración de inconstitucionalidad del IETU por parte de la SCJN -respecto al cual se han manejado cifras que van desde los diez mil 500, 30 mil y hasta 70 mil millones de pesos-, aclaró que la devolución sería por las empresas que no han pagado para garantizar ni su participación en el amparo ni el interés fiscal que sostienen en este litigio.
“Es algo que Hacienda debe tener contabilizado como un pago que no puede aplicar al gasto público, porque está siendo depositaria y custodia de un dinero que todavía no le corresponde y, por tanto, no debe crear un boquete.
“Donde sí se vería afectado el Estado es en pagar la actualización y los intereses de ese dinero, que es como 15 por ciento”, indicó Bettinger Barrios, lo que equivaldría a cerca de diez mil 500 millones de pesos.
Alejandro Torres, coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, apuntó que “la autoridad utiliza cifras para espantar a la Corte. Sin poder asegurarlo, estaríamos hablando como de 25 mil o 30 mil millones.”
Sin embargo, subrayó que sería mucho más riesgoso, grave y costoso para el país que no hubiera seguridad jurídica para los inversionistas, que el devolver determinada cantidad.
“A la larga, el costo como país es mucho más elevado y, sobre todo, si partimos de la base de que el fisco podría cobrar impuestos y ser creativo sin violar la Constitución, como lo ha hecho de manera reiterada en esta reforma del IETU, y ahora en la de consolidación fiscal.”
Entre tanto, el asesor fiscal Arturo Desentis manifestó que en la audiencia pública quedará demostrado que el IETU sí resulta violatorio de los derechos fundamentales de los contribuyentes, y con base en ello se espera que la Corte reconozca que este impuesto es inconstitucional.
Limar distorsiones
Torres Rivero explicó que en este momento sería muy aventurado afirmar que la SCJN determinará la inconstitucionalidad del IETU en forma genérica, y dijo que quizás no sería necesaria la eliminación de este impuesto.
Señaló que lo que se analizará son las distorsiones que existen en la Ley del IETU, para las que posiblemente haya algunos remedios, sobre todo en lo que al régimen de transición se refiere, porque en las inversiones de los empresarios no se les reconocen los gastos que estaban pendientes de deducirse.
Desde la óptica de los empresarios, si se liman todas las distorsiones que propiciaron la promoción de los amparos, el IETU es un impuesto que sería mucho más conveniente que el ISR, porque genera que todas las inversiones se puedan deducir de inmediato y no en varios años, promoviendo más la inversión, indicó.