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Fiscal

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José Manuel Herrera, La Razón

La Secretaría de Hacienda prevé que “en el marco vigente de responsabilidad fiscal” la propuesta de paquete económico para el primer año del próximo gobierno contendrá un balance presupuestario en equilibrio.

Se estima que alrededor del 95% del presupuesto de egresos ya se encuentra comprometido por diversas disposiciones legales y contractuales, por lo cual el margen de acción para que el próximo Presidente de la República pueda financiar sus compromisos de campaña será muy reducido, al menos sin reforma fiscal.

¿A cuánto asciende este margen de acción? Primero, habrá que considerar que sin cambios en las leyes tributarias, aplicando la fórmula contenida en la ley para estimar el precio del crudo mexicano de exportación y dada la previsión de crecimiento (que ayer resumimos en este espacio), durante el próximo año el gobierno contaría con recursos adicionales a los aprobados para éste, por 123 mil 614 millones de pesos.

¿En qué se utilizarán? Primero, para mejorar el balance público se aplicarían 51 mil 437 millones de pesos y, segundo, se usarían 35 mil 760 millones para cubrir el aumento del gasto “no programable” previsto por el alza en las tasas de interés, las participaciones a estados y el mayor pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Restarían 35 mil 759 millones de pesos para cumplir con el incremento requerido en los programas irrenunciables y los proyectos implícitos en las promesas de campaña. Poco dinero que hará muy tentador recurrir nuevamente a un mayor déficit fiscal para cubrir una expansión adicional del gasto público.

Esta decisión se tomará en un contexto en que a nivel internacional organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos insisten en la necesidad de lograr la “consolidación fiscal”. Ayer mismo la OCDE recomendó a sus países miembros regresar a niveles “prudentes” de endeudamiento, lo cual requeriría fuertes ajustes fiscales.

México no está considerado en esta evaluación, pero es un hecho que son crecientes las presiones en sus finanzas públicas por los mayores requerimientos del gasto social y pensiones, así como por la volatilidad inherente a la venta de crudo. En este contexto, ojalá que la disciplina fiscal sea un rasgo del próximo gobierno.