Como consecuencia de la reforma fiscal para 2022, los contadores públicos tienen la responsabilidad de identificar el cumplimiento en disposiciones fiscales, aduaneras y evaluar que las empresas que dictaminan no hayan realizado una conducta que puedan considerarse un delito fiscal y en caso de que lo identifiquen, tendrán que informarlo a la autoridad fiscal, sino lo hacen se considerará responsable de encubrimiento que se sanciona con prisión de tres meses a seis años.
En ese sentido, la Dra. Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), recomendó a los contadores públicos que hoy sean contratados para realizar dictámenes fiscales, hacer una revisión previa antes de aceptar la responsabilidad, de no hacerlo podrían incurrir en la responsabilidad penal.