C.P.C. Héctor Villalobos González
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP
El pasado 18 de abril la Cámara de Senadores aprobó el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF), de la Ley Aduanera (LA), del Código Penal Federal (CPF) y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos(LFPSDCMH), en lo sucesivo el decreto, turnándolo al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual se dio hasta el 1 de junio del año en curso. Las disposiciones contenidas en el decreto entraron en vigor al día siguiente de su publicación; sin embargo, algunas otras entrarán en vigor en fecha posterior, en los casos que así proceda.
Mediante estas reformas se pretende realizar una reforma integral en materia fiscal y penal para fortalecer y uniformar los mecanismos de supervisión y control de toda la cadena de producción y comercialización de los hidrocarburos y petrolíferos, así como endurecer los supuestos y sanciones relativos a las conductas ilícitas que se presenten en dichas materias; sin embargo, es necesario adoptar otras acciones para tener un mayor porcentaje de éxito, como cero impunidad y voluntad política para erradicar las actividades ilegales que se han incrementado por los llamados “huachicoleros”.
En efecto, desconozco desde cuándo se inició esta actividad ilegal consistente en la sustracción ilegal de combustibles de la red de ductos de PEMEX, pero está actividad se hizo cada vez más rentable debido a los constantes incrementos del precio de los combustibles, prueba de ello es que de acuerdo a datos oficiales en el año 2015 se detectaron 5,252 tomas clandestinas, incrementándose a 6,873 en 2016, superando cada año estas cifras, estando focalizadas las entidades federativas en donde más se realizan este tipo de ilícitos.
Esta ilícita actividad a todas luces ha tenido repercusiones en el país al erosionar las de por sí deterioradas finanzas de PEMEX y del fisco federal, además del problema ecológico que generan las fugas de las tomas clandestinas de los ductos, asimismo la descomposición social y la inseguridad para la población al ofrecer la gasolina en lugares no aptos para su manejo.
Con estas reformas también se pretende controlar toda la cadena de valor de la industria de hidrocarburos y petrolífera a fin de asegurar de que las estaciones de servicio surtan la cantidad correcta del combustible adquirido por el consumidor, ya que hay una percepción generalizada de que no se da litro por litro y, en algunos otros casos, los hidrocarburos se mezclan con agua u otras substancias, disminuyendo la calidad del producto adquirido, en detrimento del fisco federal y del consumidor.
En resumen, las reformas en comento abordan un tema muy sensible y preocupante como es el robo de combustible; por ello, en la Cámara de Diputados fue abrumadora su aprobación al estar a favor 404 de sus miembros y solo una abstención; esta situación fue aprovechada para realizar algunas adiciones o modificaciones que se aplicaran a todos los contribuyentes y no solo a los que integran la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos y la petrolífera, como lo es el aprovechamiento de ciertas pérdidas fiscales generadas por reestructuras, fusiones o escisiones, como comentaré más adelante.
A continuación, paso a glosar los aspectos más sobresalientes del multicitado decreto.