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¿Cuáles son los principios de Buen Gobierno aceptados internacionalmente? La agenda internacional en la materia incluye conceptos tales como justicia, equidad, transparencia, participación, responsabilidad, respeto y pluralismo, racionalidad y eficiencia como los principios fundamentales en la construcción de un Buen Gobierno (http://www.buengobierno.com)
En concordancia con esta agenda internacional, y en respuesta a las nuevas demandas ciudadanas surgidas del cambio democrático que experimentó México en el año 2000, el gobierno del presidente Vicente Fox diseñó una Agenda Presidencial de Buen Gobierno con seis líneas básicas de acción:

* Gobierno honesto y transparente.
* Gobierno profesional.
* Gobierno de calidad.
* Gobierno digital.
* Gobierno con mejora regulatoria.
* Gobierno que cueste menos.

Parte fundamental de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno busca, de manera integral, transparentar el uso de los recursos públicos y ofrecer información sobre el destino de éstos a la ciudadanía, así como crear nuevos mecanismos para reducir la corrupción y hacer más profesional el trabajo de los servidores públicos.

Todas estas acciones están apoyadas por el aprovechamiento de las más avanzadas Tecnológicas de Información y Comunicación (TIC), las cuales permiten a los ciudadanos obtener fácilmente información del gobierno y acceder a los servicios que éste ofrece (http://www.innova.gob.mx/ciudadanos/buengobierno). En este sentido, la Agenda Presidencial de Buen Gobierno no sólo se enmarca en las tendencias mundiales de la administración pública, sino que también obedece a las nuevas exigencias de la democracia mexicana en la que también la ciudadanía es corresponsable.

Adicionalmente, México ha adoptado compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción y fomento a la transparencia, cuyo cumplimiento va de la mano con la implementación de la Agenda de Buen Gobierno. En efecto, nuestro país es signatario de diversos instrumentos internacionales anticorrupción, de los cuales, los más relevantes son:

* La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
* La Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
* La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida también como Convención de Mérida. Estos instrumentos se generan a partir de la voluntad de las naciones que forman parte de los foros multilaterales y regionales, las que promueven la cooperación internacional para prevenir, combatir y sancionar actos de corrupción.

México ha asumido un papel de liderazgo y colabora permanentemente con las organizaciones que impulsan la firma y el cumplimiento de este tipo de instrumentos internacionales. La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE contempla la adopción de medidas contra el soborno transnacional.

A través de su participación en esta Convención, México busca encontrar mecanismos para proteger la seguridad jurídica de las operaciones comerciales y la libre competencia de los mercados en el ámbito internacional.

En particular, México preserva y fortalece sus relaciones comerciales con otros países y, sobre todo, protege a sus órganos públicos de forma indirecta, al sumarse a un compromiso entre distintas naciones para sancionar y prevenir el cohecho de sus servidores públicos por parte de agentes económicos extranjeros. Asimismo, la Convención anticorrupción de la OCDE establece un mecanismo de seguimiento con dos fases de evaluación.

Nuestro país concluyó la segunda etapa en septiembre de 2004, con la publicación de un Reporte que reconoce el compromiso del gobierno mexicano por instrumentar medidas preventivas y realizar las modificaciones legales y normativas necesarias para sancionar e inhibir conductas de corrupción.

Cabe mencionar que la Convención anticohecho de la OCDE no solamente establece el papel que debe jugar el gobierno y la sociedad civil en la prevención de la corrupción, sino que además emite recomendaciones puntuales para el sector privado y para los colegios de profesionistas (abogados y contadores). De manera general, estas recomendaciones van encaminadas a elevar el grado de conciencia y el conocimiento sobre el delito de cohecho cometido por personas y empresas mexicanas en el extranjero.

En el caso particular de los Contadores, las recomendaciones van dirigidas a detectar conductas irregulares para evitar transacciones ilícitas, prácticas de doble contabilidad, así como pagos extraoficiales.

Para ello, la Convención OCDE marca a este gremio como el responsable ofrecer a las empresas y al público en general información transparente y creíble sobre la administración y registro de las primeras, así como de garantizar el cumplimiento de reglas que impidan prácticas contables dudosas, que pueden ser empleadas para ocultar transacciones corruptas.

Por otro lado, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA tiene como propósito la promoción, el fortalecimiento y la adopción de medidas concretas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción de manera general y en particular, en el ejercicio de las funciones públicas en el ámbito hemisférico.

Nuestro país ha cumplido puntualmente con los compromisos adquiridos en el marco de este instrumento internacional, especialmente en lo referente a los mecanismos de evaluación y control que garantizan su adecuado funcionamiento y vigencia.

Finalmente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue firmada en diciembre de 2003 en la ciudad de Mérida, Yucatán, busca fortalecer la cooperación internacional entre los estados parte, a través de la adopción de medidas preventivas, de penalizar una amplia gama de actos de corrupción, y de colaborar entre si para la extradición, la asistencia jurídica recíproca y el decomiso del producto del delito.

México presidió el comité de redacción de este instrumento internacional, asumiendo también un papel de liderazgo en la negociación del mismo, al proponer un texto que de forma integral y amplia considerara los sistemas y medidas que efectivamente combatan el fenómeno de la corrupción.

Igualmente, en julio de 2004, se instaló formalmente la Subcomisión para el Cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos de las instituciones de la Administración Pública Federal involucradas en dicho cumplimiento, con el fin de lograr la realización de reformas al marco jurídico mexicano que permitan cumplir cabalmente con las disposiciones de este instrumento internacional.

Se puede afirmar entonces que existe una sincronía real entre la agenda nacional del gobierno mexicano y la agenda internacional, la cual resulta evidente al analizar los principios básicos de Buen Gobierno.

Del mismo modo, la agenda nacional anticorrupción también es congruente con la multilateral, toda vez que las políticas públicas orientadas a prevenir y combatir este fenómeno van empatadas con los compromisos internacionales de México en la materia.

Por último, vale la pena enfatizar el concepto de corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad en la lucha contra la corrupción. Aunque lo anterior viene implícito en los compromisos de México derivados de las convenciones internacionales, es importante crear conciencia de que estos instrumentos internacionales no sólo evalúan las políticas públicas del Gobierno Federal, sino que también dan seguimiento al papel que juega el sector privado y la sociedad civil en general en el combate a la corrupción.

De igual manera, estas convenciones anticorrupción emiten recomendaciones específicas para los gobiernos locales, por lo que resulta necesario sensibilizar a éstos de que las evaluaciones realizadas en el marco de estos instrumentos internacionales miden el desempeño de México como país.