La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redoblará esfuerzos junto con Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría Federal Del Consumidor (Profeco) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir el robo de combustibles que se da en Puebla y en otros estados de la República.

“Todos estamos redoblando esfuerzos. Pemex le está metiendo más recursos, más tecnología, más inteligencia al control de los ductos; tenemos presencia permanente en ministerios públicos para combatir este grave problema”, expuso José Antonio Meade, secretario de Hacienda, en entrevista para Televisa.

Mencionó que todas las semanas se están reuniendo con Pemex para tener más información sobre los operativos y las gasolineras que están vendiendo combustible robado. “Estamos desplegándonos de manera integral, usando tecnología, presencia física, utilizando los instrumentos del SAT, inteligencia financiera de la Profeco, fuerza pública y coordinando con los estados para ir enfrentando este grave problema”.

Recordó que entre los operativos que se han hecho, Puebla es donde más se ha identificado un alto potencial de defraudación y muy probablemente la presencia de gasolina robada. Refirió que también están vigilando otros estados como Guanajuato y Veracruz, donde aparentemente se sigue la tendencia de Puebla.

“En el último mes, hicimos 13 intervenciones, seis de ellas en Puebla, y lo que vemos en esas gasolineras son patrones de compra irregulares y disminuciones en la compra de algunos combustibles (…) hubo una gasolinera que llevaba un año clausurada, pero que seguía vendiendo gasolina que naturalmente era robada”, dijo.

Meade detalló que en Puebla se tiene un centro de reacción coordinado con el Estado, donde se arman y ordenan los operativos cada vez que se identifica la picadura de ducto.
Pemex acumula pérdidas de 
entre 20,000 y 30,000 mdp

Carlos Murrieta, director de Pemex Transformación Industrial, refirió que el robo del combustible representa poco más de 26,000 barriles diarios, lo que en recursos significa entre 20,000 y 30,000 millones de pesos.

“Este monto comprende desde el producto robado, el derrame que genera al medio ambiente y la reparación del ducto picado (…) lo que estamos haciendo es atacar no nada más en un lugar, sino tratar de atacar toda la cadena de valor de manera muy coordinada”, expuso en el programa Fórmula Financiera el lunes pasado.

Comentó que Pemex está analizando toda la información comercial sobre lo que compran las gasolineras, lo que venden y cuáles muestran una tendencia a la baja significativa en lo que demandan a la empresa productiva del Estado.

Murrieta agregó que se están enfocando principalmente en la zona del Triángulo Rojo —seis municipios de Puebla— en donde se ha aumentado el número de elementos de la Secretaría de la Defensa, “antes de diciembre del 2016, la zona contaba con 198 elementos, en diciembre subieron a 400 y ahora son 900 elementos”.

Añadió que, de camionetas pick-up se tenían 12, ahora son 32; mientras que los vehículos especiales aumentaron de 15 a 42; drones de cinco a 10; helicópteros dos, en lugar de uno, y avionetas también hay dos.
No descartan participación 
de empleados de Pemex

El secretario de Hacienda no descartó que los mismos empleados de Pemex sean los que ayuden a perforar los ductos para poder robarse la gasolina y venderla posteriormente.

“Es muy probable que haya participación de empleados de Pemex. La petrolera está implementando esquemas de rotación y estamos trabajando con ellos para identificar si pudiera haber gente involucrada o también autoridades municipales”, añadió.

Refirió que también se estará vigilando a los compradores de gasolina robada, como es el caso de las mismas gasolineras o del transporte público.

“Esto es un fenómeno en donde tenemos que enfrentar la oferta, que tiene que ver con quienes pican el ducto, y la demanda, que tiene que ver con quienes compran el combustible robado, y la estrategia recoge los dos elementos”, señaló.

Añadió que en la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa sobre el tema, pero sigue pendiente en el Senado para hacer más fácil perseguir el delito: “Encontramos algunas lagunas en donde el robo es ilegal, pero la posesión de la gasolina robada es otro proceso legal porque no podemos demostrar 100% que ellos la compraron”.

Detalló que desde la dependencia se está buscando atacar dos principales problemas: la recaudación que se deja de obtener por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cobra en la gasolina y la evasión fiscal que hay al no facturar el sobrante de los litros incompletos de gasolina que se venden.

“El fenómeno de robo de combustible solamente se puede detener si tenemos una estrategia integral. Al centro de esta estrategia está Pemex y Hacienda está para perseguir el tema de evasión en los puntos donde se vende la gasolina robada”, dijo.

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