Al cierre del año pasado los gobiernos estatales en México adeudaban 49 mil 442 millones de pesos a proveedores y contratistas, destacando la Ciudad de México como la más endeudada con 22 mil 842 millones de pesos, es decir, 46.2 por ciento del total.

Este monto es equivalente a los presuntos desvíos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y representa una cuarta parte de los 226 mil millones de pesos que tienen las entidades en sus cuentas en la banca.

De acuerdo con el Sistema de Alertas de las Entidades Federativas, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde se revelaron de forma consolidada ese tipo de deudas por primera vez, siete estados fueron puestos en observación por el endeudamiento a corto plazo con proveedores y contratistas.

Fueron Baja California, la Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, los cuales tienen menor margen de endeudamiento. El único estado con alerta en rojo fue Oaxaca, considerando sólo la deuda a proveedores y contratistas, respecto de la disponibilidad de recursos que tendría para hacerles frente.

“Se trata de un problema de perfil de la deuda que puede resolverse mejorándolo. El camino es llevar a cabo un proceso de reestructuración de la composición de la deuda, lo cual podría resultar complicado y resultará un reto para especialistas financieros y/o un fuerte respaldo de Hacienda para llevarlo a cabo”, dijo Miguel Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la UNAM.

El total de los pasivos a corto plazo de las entidades fue de 108 mil 831 millones de pesos, de los cuales el 45.4 por ciento corresponde a obligaciones con proveedores.

Del otro lado de la moneda, Puebla figura como la única entidad que no tiene deuda con proveedores. Querétaro y Yucatán se colocan en segundo y tercer lugar con menos deuda, con 9 millones 667 mil pesos y 37 millones 128 mil, respectivamente.

Con la suposición de que los 226 mil 400 millones de pesos que tienen los estados y municipios en los bancos fueran invertidos en Cetes a 364 días, que ofrecen una tasa de interés de 7.2 por ciento anual, de aquí a un año se podría pagar prácticamente una tercera parte de la deuda.

Cerca de 16 mil millones de pesos se generarían en un año sólo por invertirlos en deuda del gobierno federal.

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FALTA TRANSPARENCIA

Valeria Moy, directora de México ¿Cómo vamos?, dijo a El Financiero que si bien el dato de la deuda de los estados con proveedores y contratistas puede ser algo escandaloso, lo que realmente se debe analizar es en qué se están endeudando.

La economista enfatizó en que los estados pueden endeudarse siempre y cuando la deuda tenga un propósito real positivo en términos de valor presente neto.

“Lo que pasa en los estados y a nivel federal es que no hay una profunda claridad de transparencia en para qué se están endeudando. Si no hay esa claridad no podemos juzgar si está bien o mal que se endeuden”, indicó.

IMPAGOS AFECTARÍAN

Irma Cruz, presidenta de Canacope CDMX, indicó que la deuda de corto plazo de la Ciudad de México podría afectar al sector empresarial si se retraza en su pago, ya que puede propiciar que los proveedores frenen su financiamiento o inversión para expandirse o generar empleos.

Indicó que la práctica de extender hasta el límite el pago de la deuda por parte del gobierno es considerado por las empresas y muchas de ellas aplican mecanismos para protegerse de un prolongado plazo de cobro. Sin embargo está práctica puede inhibir a participar a firmas que no pueden solventar largos periodos de pago.

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