Siempre es difícil ejecutar obras de infraestructura que son de muy largo plazo y poco visibles, cuando se enfrentan ciclos políticos en donde se privilegian otro tipo de preferencias, reconoció Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina.

Pero confió en que en la región hay espacio para alcanzar “arreglos institucionales que favorezcan el desarrollo de este tipo de inversiones”.

Entrevistado por El Economista, reconoció que a raíz de la recesión que sufrieron las economías de la región los pasados dos años, los gobiernos quedaron con pocos recursos. Refirió que muchas administraciones están comprometidas en procesos de consolidación fiscal que limitan el espacio para que sea el sector público quien fondee los proyectos de infraestructura, como los de saneamiento de agua.

“Es un entorno de pocos recursos y muchas necesidades de inversión y, a la vez, hay que proteger a los más vulnerables (…) Pero igualmente es fundamental atraer inversión a la infraestructura”, añadió.

Objetivo: APP
La infraestructura tiene la capacidad para convertirse en uno de los nuevos motores de crecimiento que han estado buscando los países de la región, dijo.

Es en este contexto que el Banco Mundial propuso identificar los proyectos de infraestructura que se requieren, para detonar un mayor crecimiento y favorecer al mismo tiempo la diversificación comercial intrarregional.

A unos días de divulgar el reporte sobre Financiamiento Privado de la infraestructura pública mediante Asociaciones Público Privadas (APP) en América Latina y el Caribe, explicó que una alternativa para lograrlo es generar un entorno suficientemente atractivo y seguro, para que la inversión privada participe.

“Este es el lugar al que queremos llevar la conversación en el Banco Mundial (…) si los países tienen marcos regulatorios e institucionales adecuados, con agencias que planean y otras que supervisan proyectos de Asociaciones Público Privadas, se cumple con dos propósitos: una mejor planeación doméstica y una coordinación mejor para estimular la participación de la iniciativa privada”.
El caso mexicano, exitoso por las APP

El funcionario admitió que en su opinión personal, “México está bastante bien con respecto al marco regulatorio e institucional para atraer inversiones privadas y Asociaciones Público Privadas”.

El reporte citado de las APP lo confirma. De acuerdo con el documento, México y Chile destacan en América Latina por tener los programas de mayor éxito en el desarrollo y ejecución de APP.

De hecho, identificaron al país entre los 19 que han promulgado una legislación de APP y sus marcos han sido revisados y mejorados.

“A lo largo de los años, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú han revisado sus estrategias sobre las garantías financieras, iniciativas privadas, asignaciones de riesgos, gobernanza y selección de proyectos; contabilidad gestión de obligaciones contingentes, resolución de conflictos y renegociación de contratos”, comentó.
Inversión de largo plazo

De acuerdo con el reporte, los inversionistas de largo plazo deberían ser percibidos como complementos, y no como sustitutos de las fuentes tradicionales de financiamiento, proveniente de los bancos y patrocinadores de proyectos.

Explican que las modificaciones normativas podrían ayudar a alinear las inversiones de los fondos de pensión, con los objetivos de largo plazo de los aportantes.

Asimismo, explican que también resulta pertinente impulsar la capacidad de financiamiento y aumentar el alcance y sofisticación de los mercados regionales, enfatizan la relevancia que puede tener la participación de bancos de desarrollo, organismos multilaterales e instituciones financieras domésticas.

Familiar matiza que el Banco Mundial puede apoyar a los países interesados en invertir en la región con asesoría en desarrollo e identificación de proyectos, un cambio de políticas públicas para hacerlas más afines a la atracción de inversiones; al promover un diálogo nacional y regional; y en ocasiones con financiamiento.

Cita el caso reciente de Argentina, donde el BM participó como otorgante de una garantía de 840 millones de dólares, que les permitió conseguir el fondeo para un proyecto de energía renovable de generadores de sector privado.

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