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Entre el sector empresarial hay un conocimiento superficial del Sistema Nacional Anticorrupción, advirtió la Coparmex.

Por ello, será un reto la difusión de sus principios porque ha habido tolerancia de muchos años para esta práctica, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación.

“Me parece que hay un conocimiento superficial en este momento de este cambio en el marco legal e institucional, pero una tarea fundamental es que los sistemas locales anticorrupción, el Gobierno federal y organismos civiles hagamos una difusión amplia (de la ley)”, subrayó.

Admitió que ha habido una práctica de muchos años de ser tolerantes con temas de corrupción, pero la ley tiene que ser aplicable independientemente del tamaño de la empresa.

La Ley de Responsabilidades Administrativas (o ley 3de3) entró en vigor ayer y establece sanciones severas en caso de comprobarse actos de corrupción, entre éstas multas que van de los 75 mil a los 110 millones de pesos.

José Luis García Ramírez, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dijo que los titulares de los órganos internos de control de algunas dependencias no cuentan con conocimientos necesarios para cumplir su función y combatir la corrupción.

Comentó que si en el ámbito empresarial la Ley del Mercado de Valores establece reglas que exigen contar con un experto financiero, esto también debería aplicarse a la administración pública dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

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