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El límite de 7 por ciento a la deducibilidad de los donatarios que establece actualmente la Ley del Impuesto Sobre la Renta no es un obstáculo para que aumente el flujo de los donativos.

La conclusión es contundente, pero las cifras que la sustentan lo son todavía más.

Con ese tope de 7 por ciento de deducibilidad sobre los ingresos brutos para personas físicas y morales el monto de los donativos es de alrededor de 45 mil millones de pesos, apenas 1 por ciento de los ingresos totales.

Eso quiere decir que si los donatarios agotaran el espacio que les da el límite de 7 por ciento de la deducibilidad, el monto total o el techo de las donaciones sería de más de 300 mil millones de pesos.

En consecuencia, las cifras demuestran que el límite de deducibilidad que marca la ley actual no está inhibiendo el flujo de los donativos de la población, en general a las instituciones.

La acotación la hace el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, ante la propuesta que realizó recientemente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para que el Presidente de la República emita un decreto para que no haya un límite de deducibilidad de impuestos en todas las donaciones que realizan empresas o particulares.

De cualquier forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza José Antonio Meade, recibe y analiza todas y cada una de las propuestas al respecto.

Es importante que el SAT salga al paso de propuestas y posiciones que en los hechos no corresponden.

Por otra parte, también resulta fundamental que la propia autoridad hacendaria puntualice todo lo que tiene que ver con la transparencia en el manejo de los recursos para enfrentar las consecuencias de los fenómenos naturales.

El titular de las finanzas públicas ha insistido en que el ejercicio de tales recursos podrá ser observado y analizado por cualquier ciudadano interesado a través del portal de transparencia presupuestaria.

Los recursos del Fonden, del Bono Catastrófico y de aquellos seguros relacionados podrán ser consultados y analizados por cualquier persona que acceda a esa plataforma, detalla el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo. Además, tales recursos económicos serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación y el fideicomiso Fuerza México, integrado y
administrado por el sector privado, observará las reglas de transparencia que impone el SAT.

Todo indica que hay voluntad y canales adecuados para ejercer la ayuda desde una caja de cristal, lo cual es bueno, pues si se cumple será parte de la reconstrucción de la confianza de la sociedad.

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