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Si bien la equiparación a delincuencia organizada del delito de compra venta de facturas es positivo, es necesario acotar su aplicación en los delitos de evasión fiscal, aseguraron gremios de contadores.

El conjunto de reformas aprobadas ayer por la Cámara de Diputados equipará como delincuencia organizada la compra o venta de facturas pero también la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada.

“Del lado de las facturas no hay mayor discusión, el combate se tiene que dar y acabar con esa práctica. Punto y aparte de las factureras, si alguien debe retenidos o no pagó u omitió ingresos ahí pensamos que no es delincuencia organizada” afirmó Héctor González, miembro del Colegio Mexicano de Contadores Públicos de México (CCPM).

Afirmó que la defraudación fiscal se puede dar por mala consejería, errores o no tener dinero para pagar impuestos, pero no es delincuencia organizada.

Debería de haber mayor claridad, alguien que deba retenidos o impuestos no es un delincuente, aseveró.

Para que la defraudación fiscal sea considerada como delincuencia organizada se tienen que deber 7.8 millones de impuestos en el que la base sea más de 21 millones de pesos de ganancia, detalló.

Por otro lado, para que haya delincuencia organizada por venta de facturas falsas, el conjunto de facturas vendidas debe superar los 7.8 millones de pesos, detalló.

Por su parte Ubaldo Díaz, presidente del CCPM, pidió a las autoridades garantizar el derecho de audiencia a los contribuyentes acusadas de defraudación para que no se les equipare automáticamente como delincuentes.

Florentino Bautista, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) pidió claridaden las leyes para evitar temor en las empresas.

“El miedo se da cuando no hay claridad. El miedo se da cuando no existe certeza jurídica. Habiendo certeza jurídica hay más elementos de ser escuchado”, dijo.

Exigió que no sean subjetivas las regulaciones que se están generando y especificar que se busca perseguir como delincuentes a los factureros, no al resto de contribuyentes.

Lamentó que el Gobierno no hiciera caso a las recomendaciones del gremio ni del resto del empresariado para clarificar las leyes.

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