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Las empresas deben comenzar a preparar e identificar las áreas donde tendrán que cumplir con las nuevas obligaciones de la Ley Antilavado de Dinero para evitar caer en sanción, según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El 17 de julio entrará en vigencia esta nueva legislación y a partir de octubre deberán comenzar a presentar informes y avisos respecto a las operaciones consideradas vulnerables.

“Entre este periodo las empresas deben, en primer lugar, identificar a la persona encargada del cumplimiento de estas obligaciones, realizar un inventario de actividades para analizar las vulnerables e ir estableciendo políticas y procedimientos para identificar a sus clientes y dar los avisos relativos”, señaló Pedro Carreón, vicepresidente fiscal del IMCP.

Las provisiones de esta legislación señalan que aquellos que realicen actividades identificadas como vulnerables y no implementen una política de identificación y conocimiento del cliente o no respeten los plazos de presentación se harán acreedores a multas de entre 200 y 2 mil salarios mínimos.

Aquellos que no presenten aviso o participen en operaciones prohibidas de uso de efectivo recibirán multas de entre 10 mil y hasta 65 mil salarios mínimos.

“Esta legislación constituye un eslabón más para acotar las actividades financieras del crimen organizado y la corrupción con el objetivo de debilitar a los participantes de estas actividades”, precisó Carreón.

Sobre la posibilidad que de entrada haya empresas que soliciten amparos para no presentar información y se concedan, el IMCP considera que de principio será improbable porque el objetivo de la ley es establecer mecanismos que funcionen como barreras de contención efectivos.

Sin embargo, una vez que la ley entre en efecto y si empresas comprueban que están teniendo afectación económica podrían interponer algún recurso con más posibilidades de proceder pero para eso habrá que esperar aún.

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