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Lic. Manuel Sáinz Orantes
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP

Nuestro país atraviesa por una severa crisis en el tema de impartición de justicia en materia fiscal. Esta situación, desafortunadamente, genera una grave inseguridad jurídica y desconfianza en las inversiones que realizan los empresarios en México.

Un particular que tiene la intención de invertir en un país, forzosamente, debe revisar el marco jurídico que le será aplicable y, sobre todo, si dicho marco cuenta con tribunales que lo respalden.

Lo anterior se reduce a lo que comúnmente se conoce como “Estado de Derecho”, esto es, la existencia de leyes que regulan las diversas actividades que se llevan a cabo y, en caso de vulneración a dichas normas, la existencia de jueces que resolverán los casos conforme a las leyes aplicables y a los principios generales de derecho. Sin “Estado de Derecho” las posibilidades de crecimiento económico de un país se encuentran severamente limitadas.

En los últimos años en el país se han implementado diversas reformas legislativas en materia tributaria, en las cuales más que buscar el establecimiento de una sólida política tributaria, se ha mostrado un ánimo desmedidamente recaudatorio y totalmente desproporcional que, sin importar el respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes, ha causado un grave estado de inseguridad e incertidumbre jurídica. Esta situación, desafortunadamente, ha sido respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En efecto, en los últimos años la SCJN ha sostenido una clara y fuerte tendencia a declarar constitucionales diversas normas tributarias que vulneran los más elementales derechos tributarios. Probablemente, el más claro ejemplo de esta situación, fue haber declarado la constitucionalidad de las limitantes a la pérdida en venta de acciones, habiendo hecho caso omiso de su propia jurisprudencia emitida unos cuantos años antes.

Desgraciadamente, esta tendencia a convalidar normas tributarias muy cuestionables, se está convirtiendo en una realidad en últimas fechas en detrimento del “Estado de Derecho”.