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C.P.C. Jorge Peña Tapia.
Presidente de la Comisión Representativa ante Instituciones del Sector Financiero / Bancos, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.

El pasado miércoles 8 de mayo, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray presentó la reforma financiera, la cual se sustenta en los compromisos 62 y 63 del Pacto por México, los cuales plantean la transformación de la banca y el crédito como palanca de desarrollo de los hogares y las empresas.

Durante el anuncio de la iniciativa de reforma, el Secretario de Hacienda detalló que la iniciativa parte de cuatro ejes: a) cambios en la banca de desarrollo; b) mayor competencia entre las instituciones; c) incentivos para que la banca preste más, y d) el fortalecimiento del mercado financiero.

Con base en lo que se establece en cada uno de los ejes, los puntos más sobresalientes de la misma son los siguientes:

En el primer eje, en términos de banca de desarrollo, se espera que se dote al sector una mayor flexibilidad regulatoria y financiera, con el fin de que la banca de desarrollo impulse al sistema financiero en beneficio de las familias y las pequeñas empresas, y se establece que tendrá como mandato facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas.

En el segundo eje se propone una reforma a la Ley del Mercado de Valores, de tal manera que dé facilidades para crear un mercado de capitales para medianas empresas. Se aclara y amplía la regulación que permite la portabilidad de operaciones entre instituciones, con la finalidad que se facilite la movilidad de los usuarios para elegir entre un banco y otro. Se incorpora en la Ley de Protección y Defensa al Usuario a los Servicios Financieros la creación de un buró de entidades financieras en la CONDUSEF. Asimismo, para que los usuarios cumplidos puedan utilizar su historial crediticio positivo para acceder a más alternativas de financiamiento, se contempla la posibilidad de crear un buró crediticio universal que permita compartir la información del historial del buen pagador.

En el tercer eje se propone fortalecer las facultades de las autoridades financieras al incorporar nuevos artículos en la Ley de Instituciones de Crédito, en donde se señala que la SHCP evaluará periódicamente el desempeño de las instituciones de banca múltiple y, en otro artículo, en el mismo sentido, se explica que la evaluación de desempeño se hará respecto al grado de orientación y cumplimiento de las instituciones de banca múltiple en el desarrollo de su objeto social y al apoyo y promoción de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional.

En el cuarto eje se establecen medidas que contribuyen al fortalecimiento del sector para mantener su solidez que, por cierto, hoy es notable; para ello se contempla elevar a rango de ley las normas para la conformación y calidad del capital de las instituciones financieras. Además se facilitan y ordenan los procesos de quiebras bancarias salvaguardando en todo momento los derechos de los ahorradores y se refuerzan los mecanismos de coordinación y cooperación entre las autoridades financieras, considerando, entre otros, elevar a nivel de ley la existencia del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.

La reforma propone modificar 38 leyes por medio de 14 decretos, que incluyen: los códigos de Comercio, el Federal de Procedimientos Penales, el Fiscal de la Federación y el Penal Federal; asimismo, las leyes de Ahorro y Crédito Popular, de Concursos Mercantiles, de Instituciones de Crédito, de Instituciones de Seguros y Fianzas, de Inversión Extranjera, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los Sistemas de Ahorra para el Retiro, de Protección al Ahorro Bancario, entre otras.

Esta reforma detona grandes expectativas para todos los sectores, y el reto para los legisladores es lograr consenso en análisis y discusión para alcanzar una verdadera reforma que esté a la altura de estas.

Un ejemplo claro de la necesidad de esta reforma son los índices de bancarización en México, aun cuando en los últimos lustros México ha demostrado tener una banca sana que ha resistido varias crisis financieras mundiales, aún puede mejorar para contribuir al desarrollo del país; recientemente, un estudio del Banco Mundial reveló que los préstamos que otorga el sistema financiero al sector privado en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) del país, es de 45.5%. Esta cifra es baja si se compara con naciones emergentes como China con 145.1%, Brasil con 98.3% y la India con 74.1%.

México también se encuentra por debajo de países de América Latina con economías más pequeñas: en Chile, el crédito como porcentaje del PIB, es de 71.2%; en Belice es de 66.9%; Bahamas de 108.1%; Bolivia, 48.5%, y Honduras, 53.3%.

Otro ejemplo claro es la necesidad de acceder a servicios de la banca a costos competitivos. Uno de los pilares en los cuales se fundamenta esta iniciativa es prestar más con costos más bajos, lo cual parece ser posible en un marco jurídico apropiado, que si bien no fija los precios, sí podría establecer las condiciones apropiadas para que estos se reduzcan.

La necesidad de esta reforma era clara y las primeras reacciones ante el simple anuncio, han sido positivas; Fitch Ratings subió el mismo miércoles 8 de mayo la calificación mexicana de largo plazo en moneda extranjera a “BBB+”, desde “BBB”, citando la fortaleza macroeconómica del país y el compromiso del Gobierno para aprobar reformas estructurales. El anuncio de Fitch ocurrió pocas horas después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que enviaría al Congreso una reforma del sector financiero en busca de promover más acceso al crédito.

El anuncio está hecho, las necesidades identificadas y las expectativas son altas, habrá que esperar la evolución de esta reforma.

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