La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) presentará en algunos días una nueva propuesta para combatir la emisión de comprobantes fiscales falsos, informó Edson Uribe, subprocurador del ombudsman fiscal.

En el marco de su participación en el seminario “Empresas fantasma, venta de comprobantes fiscales y evasión fiscal en el Sistema Nacional Anticorrupción”, Edson Uribe acotó que gracias a los comentarios y observaciones recibidos en la consulta pública —que acabó el pasado 12 de octubre— se ha hecho una nueva propuesta con “mejoras sustanciales”.

Agregó: “Hemos logrado un producto muy alejado de la propuesta que dimos a conocer semanas atrás. Las modificaciones se dan gracias al apoyo que hemos tenido por parte de los comités fiscales de diferentes organismos e instituciones, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, entre otros”.

Entre las mejoras, añadió, está la exclusión de algunos servicios para que no retengan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre la Renta (ISR), ya que hubo quejas de parte de algunos sectores por las implicaciones prácticas que esto conlleva.

Asimismo, refirió que se mejoró el impacto financiero que se afectaba con la retención de las dos terceras partes del IVA, ya que muchos contribuyentes se quejaron de que esto les quitaba flujo de dinero en sus negocios.

“(Por ello) con este nuevo mecanismo se inhibe y se elimina cualquier tipo de impacto financiero y también se incluye un mecanismo de devolución automática, en el cual buscamos quitar la discrecionalidad del funcionario público para conceder o negar la devolución”, explicó.

Refirió que, en breve, se presentará esta nueva propuesta de reforma, la cual también quieren someter a debate.

Propuesta no se debilita

Con la consulta pública, agregó Edson Uribe, varios de los contribuyentes presentaron su preocupación respecto a la retención del IVA, ya que ésta produciría saldos a favor, los causantes temen que no se obtengan de manera sencilla.

“Si esta crítica se analiza detalladamente, no se hace contra la propuesta de la Prodecon, sino contra el sistema y las políticas actuales que tiene el SAT para no devolver el IVA que le corresponde a los contribuyentes”.

Incluso, expuso que la retención del IVA no es algo que sólo suceda en México. Agregó que el Consejo de la Unión Europea aprobó, el pasado 2 de octubre, la retención total del IVA que se genere en la enajenación de bienes y prestación de servicios, con lo cual se piensa combatir el fraude fiscal en operaciones simuladas.

“(Por lo anterior) no encontramos algo que debilite nuestra propuesta, sino más bien lo que se debilita es el actuar de un tercero que, en este caso, es el SAT”, aseveró.

En este sentido, explicó que es importante conocer qué es lo que está pasando con las políticas del SAT que explican el retraso en la devolución de saldos a favor de los contribuyentes, ya que eso puede generar un foco rojo de corrupción.

Gabriela Ríos Granados, investigadora de la UNAM y coordinadora del evento, destacó que sí se invitó a la autoridad fiscal al evento; sin embargo, no pudo asistir.

Las propuestas:

Las personas morales quedarían obligadas a retener las dos terceras partes del IVA cuando paguen servicios independientes prestados por personas morales.
Las personas físicas con actividad empresarial quedarían obligadas a retener las dos terceras partes del IVA cuando paguen servicios independientes prestados tanto por personas físicas como por personas morales.
Estados, Municipios, CDMX y la Federación estarían también obligadas a retener las dos terceras partes cuando se paguen servicios a cualquier contribuyente.
Se exceptúa de las retenciones a los servicios prestados por los integrantes del sistema financiero, así como a los servicios que a su vez presten la Federación, estados, municipios y sus organismos descentralizados.
Las personas físicas con actividad empresarial, las personas morales, así como la Federación, la CDMX, los estados, municipios y sus organismos descentralizados, quedarían obligados a retener y enterar, como pago provisional a cuenta del ISR de los prestadores de servicios, 10% de la contraprestación que se les pague, ya sean personas físicas o morales.
Se busca que se eleve la penalidad del delito de tres meses a seis años de prisión para quedar de dos a 10 años de prisión.
Se propone considerar la emisión de facturas apócrifas como crimen organizado.

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