A dos meses de su entrada en vigor “va caminando bien” la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o contra el lavado de dinero, destacó la firma PwC.

El socio director de la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero de esta empresa de consultoría, Martín Montealegre, dijo que se ha extendido el conocimiento de esta nueva ley que entró en vigor el 1 de septiembre pasado, y que pretende limitar las operaciones en efectivo e identificar recursos de procedencia ilícita.

Al participar aquí en la 90 Asamblea Convención Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), precisó que quizá no se dimensionó el tiempo que están tardando las personas físicas y morales en identificar a sus clientes, e incorporarse al padrón de personas que realicen actividades vulnerables.

Refirió que unos 350 mil nuevos sujetos están obligados a cumplir con la ley anti lavado y tienen hasta el 7 de noviembre próximo para inscribirse a este padrón y presentar los primeros avisos de presuntas actividades vulnerables ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con los montos establecidos en la nueva legislación.

No obstante, a 10 días de que venza este plazo, refirió que hasta ahora sólo se han inscrito al padrón unos nueve mil sujetos obligados.

Asimismo, consideró que unos 100 mil quedarán pendientes de inscribirse y de dar estos avisos, debido al desconocimiento de la legislación y a la saturación del sistema de las autoridades fiscales.

Montealegre informó que la sanciones por incumplir con dar aviso a las autoridades sobre presuntas actividades vulnerables, van de 12 mil 900 a cuatro millones 200 mil pesos.

Por otra parte, consideró que con la nueva ley para combatir el lavado de dinero, los contadores públicos serán participes activos del desarrollo, la evolución y cumplimiento de esta nueva obligación, sobre todo cuando son asesores externos de alguna organización.

“Esto nos viene a cambiar y viene a poner un punto de reflexión sobre qué tanto va a ser nuestra carrera para establecer ciertos lineamientos y obligaciones, y el alcance de la responsabilidad que pudiéramos tener al futuro, no nada más de esta obligación, sino de todas las que ya existen en materia de instituciones financieras”, añadió.

Con estas legislaciones, advirtió, habrá sanciones administrativas y económicas que en algún momento pueden ser significativas para las organizaciones y pudieran llegar a representar sanciones corporales, si se comprueba algún acto ilícito de los administradores o representantes legales de las entidades.

El especialista de PwC opinó que a partir de estas leyes se crea una nueva especialización para la contaduría pública, la cual debería estar regulada en el futuro.

De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo, entre 1.5 y 2.5 por ciento del PIB de los países con riesgo de lavado pudieran representar los flujos que se transan en cada país.

Con base en esa proporción, acotó Montealegre, el lavado de dinero en México podría estar entre 30 mil y 60 mil millones de dólares, ya que este flujo en efectivo de procedencia ilícita tiene su origen en la venta de droga, la cual tiene un efecto multiplicador en otro tipo de actividades ilícitas como piratería y tráfico de personas y de armas, entre otros.

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