Los funcionarios de la Subsecretaría de Educación y Deporte involucrados en la generación de facturas para pagar salarios están cayendo en un evidente desvío de recursos, advirtieron especialistas en la materia.

“Claro que es un desvío de recursos y no es justificable en ninguna institución porque atenta contra el patrimonio de la empresa o en este caso del Gobierno”, dijo el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Arnoldo Palma Oviedo.

El líder de los contadores juarenses dijo que esta práctica la hacen muchas empresas para comprobar gastos pero eso no quiere decir que sea una actividad lícita, “porque no es un gasto real y puede ser penada”.

El caso trascendió el fin de semana pasado, después de que se filtrara a los medios un audio en el que Eduardo García Ortega, administrador de la dependencia estatal, ordena a otros empleados de la Subsecretaría generar facturas para pagar compensaciones atrasadas.

El secretario de Educación en el estado, Pablo Cuarón, aceptó que lo que se dijo en el audio era real aunque sacado de contexto, justificando los medios para llegar a esa acción. Hasta hoy, la Secretaría de la Función Pública realiza una auditoría para detectar anomalías derivadas de ese audio.

También el director de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), Hernán Ortiz Quintana, dijo que aun y cuando Cuarón aceptó el tráfico de facturas para pagar compensaciones atrasadas se está violando la ley.

“Esto se hace en muchas partes, pero no debería hacerse. Es una solución pragmática, pero implica una mala administración donde quiera que se haga”, explicó Ortiz Quintana, también académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Apuntó que los presupuestos gubernamentales están muy planeados y controlados, por lo que someterse a estos controles implica que el Gobierno está llevando las finanzas públicas de manera disciplinada. Se le paga para ello, dijo.

Sin embargo, “cuando no lo hace de esta manera y empieza a usar recursos asignados para una cosa para atender otra, aun cuando ambas son necesidades, el Gobierno pierde la disciplina fiscal y simula que cumple con los controles”, expuso.

De aquí que entonces la autoridad comienza a solicitar créditos, como lo ha venido haciendo.

“Romper la disciplina fiscal implica que tarde o temprano se pierda el control del manejo del dinero público. Es entonces cuando buscas financiamiento externo, como los préstamos bancarios, para pagar gasto corriente como la nómina. Pero además está el haber burlado el control, la intención puede ser buena, pero se nota la puerta para no cumplir con la obligación”, agregó.

A raíz de la difusión del audio, tres empleados del departamento de Comunicación Social fueron despedidos el viernes acusados de grabar, editar y filtrar el material.

El Artículo 261 del Código Penal refiere que comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.

“Eso es lo que dice la ley, ya correspondería a un juez si la acción en particular cabe en este delito”, anotó el activista.

Liga El Diario Mx clic aquí